Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, desde la semana siguiente a las elecciones a la fecha se registra un total de 33 personas muertas, 1.511 detenidas y 804 heridas, de las cuales 14 por ciento fueron heridas por acción del Estado. Decenas de periodistas, nacionales e internacionales, han sido amenazados o atacados durante su acción profesional, y hubo también ataques virtuales y físicos a medios de comunicación que llevaron a la interrupción temporaria de sus actividades.
La conformación de un gobierno de transición ha implicado una profundización en la militarización del conflicto y en abusos por parte de fuerzas policiales y armadas así como de parte de las organizaciones y personas que protestan contra otros grupos y personas que apoyan al actual gobierno.
En ese contexto, el uso de tecnologías de comunicación ha sido importante para el ejercicio y defensa de derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a reunión. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería han sido importantes, por ejemplo, para la movilización ciudadana y el intercambio de informaciones sobre eventuales riesgos y medidas de seguridad durante los conflictos.
Sin embargo, también han jugado un rol en la polarización de la población, el odio político, la confusión, el incremento de la sensación de inseguridad, despojo e injusticia con el incremento de la visibilidad de informaciones falsas, lo que dificulta la deliberación de ideas y la posibilidad de la pacificación.
Ante esta compleja crisis política y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer una evaluación del estado de los Derechos Humanos en el país precisamente debido a la crisis política, hemos elaborado este informe para dar cuenta de varios abusos y violaciones que hemos documentado como institución dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Internet.
