A propósito del “Día de la democracia” en Bolivia, queremos recordar algo que quizás pasamos por alto y que hoy está en riesgo de perderse.
La democracia no es solo una forma de gobierno más. La democracia es también un conjunto de derechos que han sido conquistados a lo largo de nuestra historia: el derecho al voto universal; a elegir y ser elegidos; a participar políticamente; a expresar nuestras opiniones e ideas libremente; a asociarnos con otras personas a través de partidos, organizaciones, movimientos sociales; a acceder a información y ejercer la fiscalización de los recursos de nuestro país; a ser iguales ante la ley y no ser discriminados.
Estos derechos son el resultado directo de la lucha de movimientos de mujeres, de protestas de campesinos y miembros de pueblos indígenas, de huelgas obreras y de la resistencia frente a la persecución continua contra activistas y defensores de derechos humanos. La democracia tuvo un costo altísimo: el sufrimiento, tortura, exilio y represión de todos esos actores. Por eso, vivir en democracia es uno de los logros colectivos más valiosos que tenemos.
Sin embargo, ese logro social hoy está bajo un riesgo lento, corrosivo y a la vista de todos nosotros, a partir de los abusos de los grupos de poder, el mal uso de las tecnologías y la vulneración sistemática de nuestros derechos.
La ruptura de las promesas de la digitalización
La digitalización es uno de los avances más importantes para la humanidad y es quizás uno de los mayores determinantes para nuestro futuro. Con ella, llegaron tres promesas para la democracia:
- La promesa de la participación masiva y el empoderamiento ciudadano a partir de la idea de que blogs, redes sociales y aplicaciones nos permitirían manifestar nuestra opinión, auto-organizarnos y comunicarnos entre nosotros sin intermediarios.
- La promesa de mayor transparencia y acceso a información para tomar mejores decisiones, para fiscalizar el poder y reducir la corrupción.
- La promesa de la inteligencia colectiva, es decir, la posibilidad de lograr objetivos comunes aprovechando los recursos, saberes distribuidos y la colaboración simultánea, de manera inclusiva y participativa.
Esas promesas siguen vigentes, y en diferentes momentos de la historia reciente, han funcionado. El problema es que han sido tergiversadas y secuestradas por unos pocos actores a partir de sus agendas particulares y excluyentes.
Hoy tenemos evidencia suficiente para afirmar que empresas, partidos políticos, gobiernos y consultores oscuros despliegan cuentas automatizadas e inteligencia artificial en redes sociales para desinformar, instalar narrativas dirigidas a manipular la opinión pública y ejercer violencia digital coordinada.
Estas estrategias explotan discriminaciones, desigualdades estructurales históricas y tocan las fibras sensibles de nuestra sociedad, amplificando la polarización y agudizando el racismo, la misoginia, el clasismo y el odio. Buscan acallar las voces diversas que emergieron con la democracia y enfrentarnos unos con otros. Lo que es peor, a través del miedo y el acoso, buscan disuadir la participación de los grupos más vulnerables y hacer que estos se alejen del espacio público digital.
A la sociedad civil organizada, buscan vigilarla y encasillarla en listas negras, hacerla sentir perseguida, todo para generar un peligroso efecto silenciador y de autocensura. Así, los grupos de poder aprovechan la tecnología para lastimar y hacer retroceder aquello que la democracia tardó décadas en cultivar.
La convergencia con el tecnoautoritarismo
El problema, entonces, no es la tecnología en sí misma, sino que esta ha perdido su poder emancipador para convertirse en el arma preferida de los poderosos de turno.
El riesgo con respecto a la IA, no es el escenario de ciencia ficción donde las máquinas aniquilan a la humanidad, es en realidad el escenario donde los autoritarios e inescrupulosos utilizan estas tecnologías para aniquilar la democracia
Si antes las estrategias de manipulación de la opinión pública (como el astroturfing) y las operaciones de desinformación se escondían en las sombras, hoy son presumidas en foros globales y cenas de multimillonarios por los mismos actores que las ejecutan.
Este abuso político ocurre en asociación directa con el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas. Las plataformas digitales hoy demuestran que su interés nunca fue generar bienes y servicios a favor de la humanidad, sino capitalizar la extracción máxima de datos a costa de afectar la salud mental de niños, niñas y adolescentes, de premiar la polarización y el extremismo, de fomentar la desinformación.
Esta alianza tóxica entre el afán de control político y el afán de lucro corporativo da lugar al tecnoautoritarismo. Este es un modelo en el cual no hay espacio para la transparencia y rendición de cuentas, no hay espacio para la inclusión de todas las personas, no hay espacio para la democracia.
¿Es posible recuperar la democracia plena?
A pesar de este escenario crítico, la respuesta es sí. Las narrativas que hoy las empresas y gobiernos poderosos buscan instalar son las del fatalismo y pesimismo, porque eso es justamente lo que hace reproducir aún más su poder y perder la esperanza en el futuro.
Es posible pensar en una digitalización propia y democrática. En distintos rincones del mundo —y también en nuestro país— se están desarrollando alternativas valiosas de tecnología cívica impulsadas por comunidades, activistas y la sociedad civil: herramientas de código abierto, auditables, descentralizadas y modelos de IA éticos, sostenibles y de interés público.
Para que esas alternativas prosperen y logrermos frenar el tecnoautoritarismo, necesitamos pasar de ser usuarios pasivos y consumidores, a ciudadanos digitales críticos. Esto implica:
Primero, exigir regulaciones claras basadas en estándares de derechos humanos, en las cuales se protejan nuestros datos y obliguen a las plataformas tecnológicas a transparentar sus algoritmos y asumir responsabilidades con respecto a las violencias digitales y la desinformación.
Segundo, apoyar y aprovechar las infraestructuras tecnológicas públicas, comunitarias y éticas que no dependen de modelos de negocios extractivistas. Ello incluye ser críticos con modelos de conectividad a Internet que son actualmente promovidos por el gobierno que no son realistas en costos, ni transparentes con respecto a condiciones.
Tercero, promover una educación en habilidades digitales responsable y basada en derechos digitales, que permita tener una perspectiva tecnológica crítica e informada.
Recuperar la capacidad emancipatoria y democrática de la tecnologia es el gran desafío de nuestra época. Hoy estamos en una disyuntiva crítica entre aceptar la opacidad de los algoritmos, la lenta pérdida de nuestra soberanía y los riesgos de la manipulación digital, o ejercer una ciudadanía digital crítica y coherente con las conquistas de una democracia que nos costó mucho como sociedad y que no podemos perder.
Autor: Cristian León, Dir. Ejecutivo de Fundación InternetBolivia.org