Lo virtual es real
Cuando pensamos en violencia contra las mujeres, solemos imaginar agresiones físicas. Pero cada vez más, la violencia ocurre en otro lugar: dentro del celular, en el chat de WhatsApp, en los comentarios de Instagram o en una cuenta hackeada. Y lo que pasa en internet no se queda en internet. La violencia digital de género es real, deja huellas profundas y limita la vida de miles de mujeres bolivianas.
La violencia de género facilitada por la tecnología (VG FT) es el uso de Internet, redes sociales, mensajería o cualquier herramienta tecnológica para dañar, controlar, intimidar o abusar de una mujer o persona LGBTIQ+ por el sólo hecho de serlo. Incluye la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el acoso en línea, la suplantación de identidad, el monitoreo y el control digital, la deslegitimación pública y el robo de datos personales.
No es un «problema menor de las redes». Es violencia de género, con las mismas raíces de control y dominación que la violencia física, sólo que ejercida a través de una pantalla.
Lo que dicen los datos
La Encuesta Nacional «Conectando Bolivia» (ONU Mujeres, 2024), la primera de su tipo en el país, reveló la magnitud del problema. Sobre el total de mujeres encuestadas:
- 3 de cada 10 (31%) sufrió abuso de datos personales: fraude, robo o suplantación de identidad.
- Casi 3 de cada 10 (27%) vivió abuso sexual vinculado a las TIC, incluyendo intentos de captación, tráfico y trata de personas.
- 1 de cada 8 (13%) sufrió acoso digital: insultos reiterados, ciberacoso, monitoreo, amenazas.
- 1 de cada 8 (12%) fue víctima de deslegitimación: campañas para dañar su reputación o credibilidad.
- 6% experimentó acceso o control no autorizado de sus cuentas.
La violencia ocurre, sobre todo, en redes sociales y mensajería (WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram): los lugares donde las mujeres se conectan todos los días. Y detrás de cada agresión, en muchos casos no hay un extraño anónimo: hay una expareja, un amigo, un familiar: alguien que aprovecha la confianza para lastimar.
Cómo afecta la vida de las víctimas y sobrevivientes
El impacto de la violencia digital no termina cuando se apaga la pantalla. Al contrario, se instala en la vida cotidiana de las mujeres.
En la salud emocional, las víctimas reportan inseguridad (hasta 44%), estrés (39%), preocupación, miedo y disgusto. En el cuerpo, aparecen dolores de cabeza constantes y el miedo a salir a la calle. En la conducta, muchas mujeres reducen el uso de redes sociales (hasta 44%), pierden el interés por la tecnología o se aíslan.
Pero hay un impacto aún más silencioso y profundo: la autocensura y la pérdida de la libertad de expresión. La violencia digital busca silenciar, especialmente a las mujeres que participan del espacio público (políticas, periodistas, activistas, defensoras de Derechos Humanos). Al hacerlo, no sólo daña a una mujer: daña a la democracia, restringiendo quiénes pueden hablar, participar y ser escuchadas.
Sin embargo, la mayoría no denuncia. Sólo el 5% presenta una denuncia formal y apenas el 6% busca apoyo profesional. Las razones son muchas: desconocimiento de cómo hacerlo (40% en casos de abuso de datos), desconfianza en las autoridades, miedo a represalias y temor a la revictimización. Y cuando sí denuncian, en una proporción alarmante de los casos no se toma ninguna acción: 82% en acoso, 31% en abuso de datos. Un ciclo de impunidad que normaliza la violencia y deja a las mujeres sin salida.
Por qué necesitamos una ley específica
Bolivia hoy cuenta sólo con la ley 1636 específica de violencia en entornos digitales pero orientada a Niños, niñas y adolescentes, fuera de ese alcance, no hay una norma que reconozca explícitamente la violencia digital de género. Los casos se atienden de forma indirecta mediante leyes generales: la Ley N° 348 contra la violencia hacia las mujeres, la Ley N° 243 sobre acoso y violencia política, y la Ley N° 1173 sobre identidad digital, pero ninguna contempla las particularidades del entorno digital.
Ese vacío legal tiene consecuencias concretas:
- Difícil acceso a la justicia: las víctimas deben encuadrar sus denuncias en categorías que no describen lo que vivieron.
- Impunidad: sin una figura legal clara, es difícil sancionar a los agresores y proteger a las víctimas.
- Desconfianza: si denunciar no produce resultados, las mujeres dejan de hacerlo y la violencia se silencia aún más.
Una ley específica puede cambiar ese panorama. Contribuiría a:
- Nombrar y visibilizar la violencia digital de género como una forma real y grave de violencia, merecedora de atención y sanción.
- Garantizar rutas de denuncia accesibles, rápidas y sin revictimización, con acompañamiento psicológico y legal para las víctimas y sobrevivientes.
- Sancionar de forma efectiva las distintas manifestaciones de este tipo de violencia, rompiendo el ciclo de impunidad.
- Prevenir, impulsando la educación digital, la protección de la privacidad y la seguridad en línea.
La ley no es sólo un texto jurídico: es un mensaje. Le dice a cada mujer que su dolor es reconocido, que no está sola y que el Estado la protege. Y le dice a cada agresor que la impunidad se terminó.
Fuente: Encuesta Nacional «Conectando Bolivia», ONU Mujeres / Ipsos CIESMORI & Futuralab / AGETIC, 2024. Programa «Conectadas y libres de violencia», financiado por AECID.