El Gobierno boliviano ha lanzado recientemente la plataforma web denominada “Reporta tu evidencia en protestas sociales”. Esta promueve que la ciudadanía envíe, a través de fotos, audios o videos, pruebas de participación de actores o situaciones en protestas sociales.
No obstante, como entidad de sociedad civil comprometida con los derechos humanos en entornos digitales, vemos con preocupación este tipo de soluciones tecnológicas que pueden promover lo contrario de lo que ofrecen.
Primero, las protestas sociales son un mecanismo de expresión legal y democrático amparado por nuestra CPE y en diversos marcos internacionales de derechos humanos. La intención de la plataforma, como está planteada, buscar recolectar evidencia en contra de éstas, promoviendo así su criminalización.
Segundo, promover la vigilancia entre ciudadanos puede generar un efecto nocivo de mayor polarización y fragmentación social. El momento por el que transcurre Bolivia es de extrema sensibilidad y existe una espiral de violencia que amenaza con escalar y convertirse en una confrontación abierta entre diferentes sectores de la sociedad.
Tercero, la promoción de estos mecanismos puede derivar en formas de señalamiento público o justicia paralela, debilitando garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Cuarto, más allá de que la aplicación presuntamente ofrece anonimización de los reportes, la conexión entre el dispositivo y el servidor donde se aloja esta, genera metadatos como el IP, navegador, tipo de dispositivo, e incluso ubicación, los cuales pueden ser guardados y utilizados para identificar a las personas. En ese sentido, esta aplicación puede ser vulneratoria del derecho a la privacidad.
Quinto, la vigilancia durante las protestas genera un efecto inhibitorio y contrario de lo que ofrece la plataforma, está más bien cohibe la libertad de expresión. De hecho, estas son prácticas observadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en tanto pueden vulnerar varios derechos consagrados.
Finalmente, este tipo de soluciones tecnológicas pueden resultar en varios falsos positivos – generando persecución y criminalización contra personas inocentes –, contenido desinformativo o envío de datos falsos, convirtiendose en una herramienta poco eficaz para el fin que tiene.
Cualquier herramienta tecnológica de esta naturaleza debe estar precedida por evaluaciones de impacto en derechos humanos y protección de datos, así como por auditorías técnicas independientes que aseguren su compatibilidad con estándares internacionales.
Es por estas razones que instamos a las autoridades públicas someter este tipo de prácticas y herramientas a un test tripartito en relación a la legalidad, necesidad y proporcionalidad, tal como demanda la jurisprudencia de derechos humanos interamericana. El Gobierno boliviano tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y buscar una salida diálogica al conflicto, promoviendo el encuentro, el entendimiento entre las partes y la solución de necesidades. Este tipo de herramientas puede incentivar más confrontación y violencia.
– Fundación InternetBolivia.org