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carta de derechos

Cristian León

Con el objetivo de garantizar  el ejercicio de los derechos y deberes de las personas, así como el desarrollo de sociedades digitales inclusivas, justas, seguras, resilientes y sostenibles, mandatarios de los países iberoamericanos firmaron la Carta de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED) en el marco de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizó del 23 al 26  de marzo en  República Dominicana.

 

El Gobierno boliviano, representado por el Presidente Luis Arce, también firmó este instrumento internacional. Si bien el mismo no es vinculante,  representa un compromiso de alto nivel político por el cual los Estados  reconocen que los derechos de las personas en la era digital deben ser garantizados, respetados y protegidos.

Relevancia del documento

La CIDPED también es importante porque es uno de los pocos documentos firmados por Bolivia en la temática.

Hasta el momento, el rol de Bolivia en discusiones internacionales relacionadas a la digitalización ha sido mínimo. Mientras a nivel global se discuten importantes documentos que proponen estándares y lineamientos, como por ejemplo:

  • Global Digital Compact (GDC) impulsado por el Tech Envoy de la ONU,
  • la Convención internacional para la lucha contra la Ciberdelincuencia,
  • las directrices globales para la regulación de plataformas impulsada por UNESCO,
  • los tratados sobre comercio electrónico en discusión en la OMC,

por nombrar algunas, el país ha estado ausente de estas discusiones. Esto debilita la posición internacional de Bolivia, reduce su comprensión sobre la regulación que tarde o temprano deberá aplicarse en territorio nacional y la somete a la disposición de potencias y empresas internacionales.

Compromisos

La Carta firmada por Arce propone compromisos en siete áreas:

  1.  Inclusión y conectividad
  2. Privacidad, seguridad de datos y ciberseguridad; 
  3. Acceso pleno a la educación, la cultura y la salud en entornos digitales;
  4.  Protección de niños, niñas y adolescentes; 
  5. Participación social, económica y política; 
  6. Administración pública digital; 
  7. Economía digital justa, inclusiva y segura.

 

¿Cómo se encuentra Bolivia en relación a estos compromisos?

Si bien el país está rezagado y no podrá cumplir con varios de éstos compromisos a corto plazo,  al mismo tiempo la CIPDED se convierte en una oportunidad para que el Estado boliviano asuma varias acciones. Este artículo analiza la situación boliviana y propone elementos para lograr una sociedad  con derechos en entornos digitales.

1.Inclusión y conectividad

Propuesta CIPED

La CIPDED reconoce que la conectividad digital significativa, universal y de calidad debe ser un objetivo de las políticas públicas de los Estados. En ese marco propone que éstos generen las condiciones estructurales, prácticas, herramientas y marcos regulatorios para el acceso universal, equitativo y asequible a la infraestructura a internet.

Situación en Bolivia

Bolivia ha logrado un incremento notorio de su infraestructura de fibra óptica, pasando de 10.000 km2 a cerca de 29.000 hasta el 2022. Hasta 2020, se sabía que el anillo de fibra óptica llegaba a los nueve departamentos del país, pero todavía a menos de la mitad de los municipios. En 2022, el Viceministerio de Telecomunicaciones se comprometió a llegar con fibra óptica a 341 capitales de municipio

Perspectivas

Más allá de la infraestructura, la inclusión como reconoce la CIPDED en uno de los compromisos más fuertes e  implica la reducción de desigualdades, promoviendo políticas que atiendan necesidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad y la disminución de la brecha de género. Hasta el momento la distribución de conexiones a internet operó bajo una lógica de mercado y bajo un sistema competencial restrictivo para gobiernos municipales y empresas locales, evitando que éstas lleguen a las zonas más alejadas. Para resolver esto se requiere una visión integral que fomente internet como servicio básico y facilite la participación de empresas, gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Desde la Fundación InternetBolivia.org hemos propuesto un marco competencial que facilite esto y estamos actualmente trabajando con los municipios de Coroico y Copacabana  para facilitarles este proceso.

 

A su vez, se debe resolver la brecha de género. El año 2022, AGETIC lanzó una política específica para ello que hasta el momento tuvo resultados en el desarrollo de capacidades en niñas y adolescentes, pero se requiere dar un paso más en políticas públicas estructurales, entre ellas, remover las barreras económicas y sociales que evitan que las mujeres puedan acceder a internet, entre ellas la excesiva violencia digital. 

2.Privacidad, seguridad de datos y ciberseguridad

Propuesta CIPED y situación en Bolivia

La CIPDED reconoce que la privacidad debe ser especialmente protegida y la población debe gozar de entornos digitales seguros y confiables. Esto pues  la privacidad, además de ser un derecho en sí mismo, también es un habilitante para otros derechos, entre ellos la libertad de expresión y la participación en el espacio cívico en línea. 

 

Incluir el derecho a la privacidad es uno de los aspectos más notables de la CIPDED debido a que son los Estados aquellos que más vulneraciones cometen al respecto. Uno de los casos más paradigmáticos en la región ha sido el uso de la herramienta Pegasus en México y El Salvador para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos 

 

En el marco de este instrumento, los Estados se comprometieron a establecer medidas para garantizar la protección de privacidad y los datos personales, desarrollando un marco legal apropiado. Bolivia  es hoy uno de los pocos en carecer de una Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) y con mínimo avance de jurisprudencia al respecto.

 

Es por ello que la Fundación InternetBolivia.org viene impulsando la aprobación de esta normativa desde el año 2018, con dos anteproyectos presentados y más de 20 eventos de socialización y discusión en 5 ciudades de Bolivia. Recientemente el Estado boliviano asumió esta necesidad y  empezó a trabajar en su marco normativo, con un anteproyecto en elaboración a la cabeza de AGETIC y que ya empezó a ser socializado. 

Perspectivas

Otro aspecto abordado por la CIPDED es la de desarrollar un marco de políticas públicas y acciones educativas para fortalecer la ciberseguridad, la lucha contra el cibercrimen y la violencia digital. Sobre este punto, Bolivia está completamente ausente de toda discusión, no ha implementado ninguno de los instrumentos internacionales,  tiene un Código penal completamente desactualizado y ha aplazado la reforma de la Ley 348, en la cual se incluiría la violencia cibernética. El problema de no avanzar en tener un marco apropiado para prevenir, investigar y luchar contra ciberdelitos es el de no tener capacidad de respuesta a los cada vez más casos que se vienen registrando. Pese a ello, éste no parece ser un asunto de prioridad para el Gobierno. 

Sin una Ley de protección de datos personales y un marco de lucha contra el cibercrimen, la población estará más expuesta y los negocios digitales no podrán desarrollarse adecuadamente. Ambos temas deberían ser prioridad en la agenda legislativa.

3.Acceso pleno a la educación, la cultura y la salud en entornos digitales

Situación en Bolivia

La pandemia tuvo un profundo impacto en la educación debido a la falta de continuidad de clases y sostenibilidad de los niveles de aprendizaje. El año 2022, UNICEF y Banco Mundial reportaron un potencial retroceso de 15 años en programas de alfabetización y un impacto en el 12% de ingresos de los jóvenes que vivieron la pandemia en edad escolar.

El Estado boliviano, lastimosamente, tuvo una  de las respuestas más débiles a esta situación, lo cual derivó en que sea el segundo país en el mundo con mayor cantidad de días sin clases. De acuerdo a una encuesta de UNICEF, 52% de las unidades educativas fiscales dejaron de pasar clases completamente y de las que lograron sostener clases virtuales, sólo 15% lo hacía todos los días.

Propuesta CIPED

En este tema, la  CIPDED promueve que los Estados generen iniciativas orientadas al desarrollo de competencias y habilidades digitales. Así también, que se promuevan planes e iniciativas de política en materia de educación sobre las tecnologías digitales. Esto requiere un gran esfuerzo pues necesariamente se debe actualizar la currícula educativa y generar acciones complementarias para la formación de maestros/as. No obstante, el tema se politizó en Bolivia y se alejó  de la discusión sobre competencias digitales.

Perspectivas

La Fundación InternetBolivia.org recomendó cinco acciones las cuales fueron plasmadas en una reciente publicación. Entre estas se encuentra hacer un diagnóstico a profundidad, actualizar la currícula, remover barreras para el acceso a internet e implementar una certificación de alfabetización digital. Así también, con apoyo del Fondo Frida, estamos  trabajando en la elaboración de una currícula educativa para la inclusión digital basada en estándares internacionales y con una perspectiva multicultural que buscamos implementar en varios municipios.

 

4. Protección de niños, niñas y adolescentes

Situación en Bolivia

Una de las poblaciones más afectadas por las violencias digitales son los niños, niñas y adolescentes. En Bolivia, los casos de exposición de datos personales,  imágenes íntimas de menores, acoso, trata, entre otros, han tenido un notorio incremento debido al uso cada vez más intensivo y a temprana edad de las tecnologías.

Propuesta CIPED

En el marco de la CIPDED, los Estados se comprometieron a promover políticas activas que tengan por objeto asegurar el respeto a la integridad, intimidad y privacidad de estas poblaciones.

Perspectivas y desafíos

A partir del trabajo de la línea de acompañamiento S.O.S. Digital se pudo constatar el débil sistema de abordaje de estas violencias por parte de  los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA). Los funcionarios que atienden estas entidades se encuentran limitados por la falta de legislación, protocolos y capacidades para saber cómo actuar, por lo que  en gran medida, las situaciones quedan sin ser atendidas. 

 

5. Participación social, económica y política

Propuesta CIPED y situación en Bolivia

Esta sección de la CIPDED se orientó en gran medida a reconocer los derechos al acceso a la información pública y la promoción de la transparencia. Aunque de la mano de estos derechos vienen las legislaciones en acceso a información y lo que se ha denominado gobierno abierto, Bolivia es, nuevamente, uno de los pocos países sin políticas públicas claras en el tema, y aunque el Plan de Gobierno Electrónico de 2017 contemplaba la transparencia entre uno de sus pilares, es en el que menos se avanzó. 

Perspectivas y desafíos

Este instrumento internacional también hizo énfasis en el compromiso de fortalecer la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación. Bolivia en esta materia se encuentra no solamente aplazada, sino también que como Estado, ha incurrido en una serie de irregularidades. Recientemente un reporte de la empresa Meta, alegó que se identificaron al menos 1.400 cuentas en sus plataformas Facebook e Instagram allegadas al partido de Gobierno que generaron acciones coordinadas de desinformación y hostigamiento a contrincantes políticos. A su vez, se mencionó un gasto millonario en publicidad para mover el contenido de estas cuentas. Además del Estado, los partidos políticos han mostrado comportamientos de promoción del discurso de odio y, también, acoso político. 

6.Administración pública digital

Situación en Bolivia

Quizás uno de los pocos temas en los cuales Bolivia mostró más avances es la digitalización de Gobierno. En su momento  el Plan de Gobierno Electrónico (2017)  se mostró vanguardista incluso abordando la soberanía tecnológica a partir de plantear un plan  de implementación de software libre. Se dieron también avances interesantes a nivel de políticas públicas con la aprobación de la Ciudadanía Digital y la plataforma “Bolivia a tu servicio”. 

Propuesta CIPED

En el marco de la CIPDED, los Estados se comprometieron  a fortalecer la prestación de servicios digitales que sean sencillos, inclusivos, interoperables y seguros; y avanzar en el adecuado procesamiento de datos personales, implementar la identidad digital y la transparencia de la información pública.

Perspectivas y desafíos

A pesar de los avances en planificación del gobierno electrónico, la implementación ha sido lenta y poco homogénea.  El Estado boliviano requiere aún erradicar las famosas “fotocopias de carnet” y los “vuélvase mañana”. Se han emplazado varios sistemas que podrían ayudar a fortalecer el gobierno digital pero se necesita un plan realista que haga ajustes desde las cabezas de sector hacia todas las entidades públicas. Este plan debe comenzar por una capacitación básica en nuevas herramientas a todos los funcionarios y plantear una reestructuración de los sistemas de información para generar interoperabilidad de procesos y datos. Ello permitirá simplificar procesos, promover una nueva cultura desburocratizante y promover la adopción de nuevas tecnologías que van desde las más básicas hasta un futuro uso de modelos de inteligencia artificial.

 

7.Economía digital justa, inclusiva y segura.

Propuesta CIPED

El último tema abordado en la CIPDED es la economía digital. En un momento crítico a nivel global y con la sombra de una crisis económica en Bolivia, hoy más que nunca se requiere impulsar una diversificación que apueste por la economía del conocimiento y la generación de bienes y servicios digitales. 

Situación en Bolivia

Bolivia muestra un gran potencial siendo uno de los países con mayor incremento en comercio electrónico  y empresas que están logrando posicionarse en mercados internacionales. No obstante, el ecosistema de emprendimiento digital está aún desarticulado y muy centrado en pocas élites. Sin una perspectiva de inclusión y de impulso a estas, se restan oportunidades y se afectan los derechos económicos de la población.

Perspectivas y desafíos

En 2022 se retomó el anteproyecto de ley para el emprendimiento digital (antes Ley de startups) a través del impulso de la Presidencia del Senado, PNUD, la Fundación InternetBolivia.org y emprendedores. Este proceso quedó suspendido y a la espera de mayor voluntad política. No obstante, aunque esta norma se llegue a aprobar, se requiere otros pasos más como la actualización del Código de Comercio, la regulación de las Fintech y de las economías de plataformas o economías Gig.

 

Perspectivas y desafíos generales

Ante el panorama abordado, es poco lo que Bolivia aún puede demostrar en el reconocimiento de los derechos de la población en entornos digitales y mucho el camino a recorrer. A pesar de una política pública débil y poco articulada, la digitalización se está dando paso y seguirá avanzando, pero no como resultado de una adecuada planificación sino a partir de la inercia de un mercado global. Los problemas de ello es que se pierde la oportunidad de orientar la digitalización hacia una revolución económica y para el desarrollo, se amplían las desigualdades y se expone a la población a varios riesgos y abusos. Este es el momento en el cual las autoridades deben priorizar una agenda digital basada en derechos y asumir los compromisos contenidos en la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. 

 

 

Cristian León es politólogo y Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org