Lanzamiento del Policybrief on Government Interventions in AI del Global Network Initiative (GNI)
La conversación sobre cómo los gobiernos regulan, desarrollan y utilizan la Inteligencia Artificial (IA) ya no pertenece al futuro: es un dilema del presente. Desde el reconocimiento facial hasta los sistemas predictivos en la gestión pública, las decisiones sobre el diseño, adquisición y uso de estas tecnologías tienen efectos profundos, y sin un adecuado marco regulatorio, estas tecnologías bien pueden generar beneficios o profundizar brechas, vulnerar derechos y complicar más las cosas.
Frente al escenario descrito, el Global Network Initiative (GNI), con contribuciones de la Fundación InternetBolivia, ha lanzado un Policy brief on Government Interventions in AI el cual se convierte en una herramienta clave para orientar a los Estados, empresas y organizaciones de la sociedad civil sobre cómo intervenir en el ecosistema de la IA sin vulnerar libertades fundamentales. Este documento tiene como propósito: proveer una taxonomía de las formas en que los gobiernos intervienen a lo largo del ciclo de valor de la IA —infraestructura, desarrollo y despliegue— y ofrecer una metodología basada en el test tripartito de derechos humanos (legalidad, legitimidad y necesidad/proporcionalidad) para evaluar el impacto de dichas intervenciones.
En el caso de Bolivia, donde la gobernanza digital se encuentra aún en una fase incipiente, este instrumento es especialmente relevante para abrir el debate sobre ¿Cómo puede el Estado adoptar y regular la IA sin comprometer los derechos consagrados como la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación?
La taxonomía sobre cómo los gobiernos intervienen en la IA
El valor central del documento radica en su propuesta de taxonomía de intervenciones gubernamentales, un marco conceptual que permite clasificar las múltiples formas en que los Estados influyen —directa o indirectamente— en el desarrollo y uso de la IA. Esta taxonomía distingue cinco grandes tipos de intervención, aplicables a las tres etapas del ciclo de valor de la IA (infraestructura, desarrollo y despliegue):
- Gobernanza “dura” (hard governance): leyes, regulaciones y mandatos judiciales vinculantes, como normas sobre protección de datos o el uso de IA en procesos judiciales.
- Gobernanza “blanda” (soft governance): guías, principios éticos o estándares no obligatorios que orientan buenas prácticas, como los marcos éticos de IA.
- Inversión pública o incentivos económicos: programas y fondos públicos destinados a desarrollar capacidades tecnológicas, centros de datos o modelos propios.
- Contratación pública y uso de IA: decisiones de compra de sistemas o software que integran IA, lo que a menudo implica establecer condiciones de transparencia, auditoría o supervisión.
- Intervenciones difusas e informales: influencias no oficiales, como la diplomacia comercial, el cabildeo, o presiones políticas hacia empresas o actores del ecosistema digital.
Cada una de estas formas tiene potencial de impulsar la innovación, pero también de generar impactos negativos sobre los derechos humanos si se aplican sin los debidos controles. Por ello, el documento propone analizar todas las intervenciones a la luz del test tripartito de derechos humanos: a) Legalidad: debe estar establecida por una ley clara y accesible; b) Legitimidad: debe perseguir un fin legítimo, como la protección de la seguridad o los derechos de terceros; c) Necesidad y proporcionalidad: debe ser la medida menos intrusiva posible para alcanzar ese fin.
Las intervenciones estatales deben ser transparentes, proporcionales y revisables, de lo contrario, se transforman en instrumentos de vigilancia, discriminación o censura.
Bolivia frente a las IA: brechas, carencias y riesgos
Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, 2025), Bolivia se encuentra entre los países de menor desempeño en implementación y desarrollo de IA. Sus mayores debilidades están precisamente en los pilares que el GNI considera esenciales para garantizar derechos: gobernanza e institucionalidad, infraestructura digital, y capacidades humanas.
El ILIA muestra que Bolivia carece de una estrategia nacional, y que su gobernanza DIGITAL se sostiene sobre estructuras fragmentadas y de baja capacidad. En el componente de visión e institucionalidad, el país prácticamente no obtuvo puntaje. Este rezago se agrava por la ausencia de una Ley de Protección de Datos Personales, un vacío que expone a la ciudadanía a todo tipo de abusos con respecto a su información.
La AGETIC, si bien elaboró un anteproyecto de ley de protección de datos en 2023, acabó su gestión sin haber logrado que la misma se apruebe. Aún más, prácticamente no generó ninguna política pública en el ámbito de las IA.
El panorama se complica al observar la infraestructura de conectividad y la ciberseguridad. De acuerdo con datos del censo y de organismos internacionales, apenas el 68% de los hogares bolivianos tiene acceso a Internet, con profundas brechas entre zonas urbanas y rurales. El país no cuenta con centros de datos de alta capacidad certificados internacionalmente, y no tiene tampoco una política clara de ciberseguridad ni una autoridad que garantice estándares mínimos.
Finalmente, la ausencia de un liderazgo común y la dispersión de esfuerzos entre diferentes instancias como AGETIC, ADSIB, el Viceministerio de Telecomunicaciones, ATT, y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y ausencia de un liderazgo común, fueron quizás uno de los factores que más debilitaron la capacidad del Estado para lograr impulsar una política coherente en temas digitales.
Una ventana de oportunidad para un nuevo ciclo político
El momento político que vive Bolivia, a pesar de la crisis económica y la debilidad institucional, paradójicamente, ofrece una oportunidad. Con la renovación de las autoridades ejecutivas y legislativas en noviembre de 2025, se podría corregir el rumbo. El país puede decidir entre dos caminos: mantener la inercia de la improvisación tecnológica o apostar por una política pública de digitalización anclada en derechos y oportunidades.
La La guía publicada por GNI, puede ayudar a dar lineamientos sobre qué hacer y qué no hacer a la hora de pensar una futura política para la IA desde el gobierno:
- Aprobar una Ley de Protección de Datos Personales robusta y alineada con estándares internacionales.
- Crear una autoridad independiente con capacidad técnica para supervisar el desarrollo y uso de IA.
- Establecer requisitos de transparencia y evaluación de impacto para toda contratación pública que involucre tecnologías inteligentes.
- Fomentar una formación transversal en ética, gobernanza y derechos digitales en la administración pública.
- Promover alianzas con sociedad civil y academia para construir un ecosistema de innovación responsable.
El desafío no es menor: la velocidad con que avanzan las tecnologías de IA contrasta con la lentitud institucional del Estado boliviano. Pero el costo de no actuar es aún mayor. Como señala el documento del GNI, la ausencia de normas también es una forma de intervención, porque deja sin control los impactos de las decisiones tecnológicas. En un país con débiles capacidades institucionales y alta desigualdad digital, la omisión del Estado puede resultar tan dañina como el exceso de control.
El mensaje final es claro: Bolivia requiere forjar instituciones capaces de liderar una digitalización que aporte a su desarrollo y que proteja a su ciudadanía de las múltiples vulneraciones. La llegada de nuevas autoridades abre un espacio para construir ese futuro, pero también una responsabilidad ineludible.
Si el nuevo ciclo político ignora este desafío, el riesgo no será simplemente tecnológico: será democrático.La gobernanza de la IA no trata solo de máquinas que aprenden, sino de Estados que deben aprender a gobernar con justicia, transparencia y respeto por las personas.