El derecho a la reparación del daño es un principio fundamental del sistema de justicia que reconoce el sufrimiento y las pérdidas de las víctimas y busca restaurar, en la medida de lo posible, su situación al estado en que se encontraban antes de la violación de sus derechos. Este derecho es esencial no sólo para otorgar justicia a las víctimas, sino también para fortalecer el Estado de derecho y la confianza de la sociedad en el sistema de justicia y la estabilidad social.
A pesar de que este derecho está respaldado por leyes nacionales e internacionales, su ejecución enfrenta múltiples obstáculos en general y aún más cuando se trata de Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (VG FT) debido a su carácter digital.
Una de las dificultades de asegurar la reparación del daño en los casos de violencia en general es que el tiempo de espera para la reparación es demorado ya que su proceso inicia una vez que el juicio concluye, por lo que puede resultar extemporáneo.
Por otra parte, a pesar que la legislación reconoce la importancia de la reparación integral, muchos agresores se niegan a cumplirla, argumentando que las víctimas solo buscan un beneficio económico, desvirtuando el proceso de acceso a justicia.
Acerca de la reparación del daño y las posibles medidas de protección que se pueden dar en casos de VG FT, se debe considerar algunas características del ambiente digital tales como la espacialidad no restringida, es decir, el agresor o los agresores pueden vivir en otro país o jurisdicción legal diferente; la posibilidad de anonimidad de la cuenta o cuentas agresoras y la posibilidad de permanencia de la información publicada en Internet por muchos años.
La presente Guía de medidas de protección y reparación del daño de Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (VG FT) forma parte de una serie de tres guías y un manual acerca de VG FT en Bolivia que están dirigidas principalmente al sector público, aunque también a la sociedad civil, sector privado y academia, con la intención de aportar a la elaboración de una política pública que asegure justicia y reparación a las víctimas.
La presente publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto Conectadas y Libres de Violencia, financiado por AECID e implementado por Fundación InternetBolivia.org, Asociación Aguayo y ONU Mujeres en coordinación con AGETIC.
