La campaña del referéndum constitucional de 2016 fue el hecho desencadenante que puso a la desinformación política en el centro de la lucha política en Bolivia. Este fenómeno mantuvo una presencia central en el debate público en el período de la crisis política de octubre de 2019 a octubre de 2020. Durante este tiempo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue un objetivo principal de las campañas de desinformación, y esto es especialmente delicado teniendo en cuenta que durante crisis políticas como la que se vivió en Bolivia, la reputación de la autoridad electoral es fundamental para garantizar la estabilidad, evitar el caos y tener legitimidad para convocar a diálogos tendientes a la solución del conflicto.
Las campañas de desinformación contra el OEP buscaban desacreditar su papel, generar incertidumbre y causar confusión. El OEP, perplejo ante la novedad del fenómeno del desorden informativo y como objetivo principal de él, ha expresado su preocupación y ha reconocido la necesidad de dictar normas para frenar o al menos reducir la desinformación de cara a futuras elecciones.
Este documento de política pública identifica y analiza varias respuestas regulatorias y no regulatorias a la desinformación en la región además de recomendaciones previas entregadas al OEP por misiones electorales, particularmente de la Unión Europea.
