La acelerada digitalización por la cual transitan nuestras sociedades, la cual tomó un ritmo aún mayor con la pandemia de COVID-19, está permeando los espacios de interacción y convivencia social. Uno de ellos es el entorno urbano.
Desde hace varios años se empezó a considerar a las ciudades como espacios híbridos compuestos por espacio físico habitable e interconexiones digitales. Esta mezcla de componentes es cada vez menos una suma de partes que se solapan una sobre otra, y más un sistema interactivo donde lo digital aumenta la experiencia de habitar la ciudad y viceversa. Esa experiencia complejiza la identidad y el ejercicio de la ciudadanía, en una suerte de ciudadanía digital (Santana et al., 2022).
Los efectos de la mayor digitalización de la ciudad son tanto positivos como negativos. Por un lado, concebir la ciudad en la era digital abre nuevas oportunidades en lo que respecta a su planificación, la producción de información para la toma de decisiones, la participación ciudadana, la automatización de procesos de gestión, entre otros. Pero por el otro, también implica riesgos y potenciales vulneraciones a derechos básicos en tanto las brechas digitales amplían las desigualdades sociales y marginalización de las personas no conectadas, se incrementan los niveles de vigilancia y restricciones a la privacidad y la automatización da lugar a numerosos tipos de discriminaciones.
Esa ambivalencia llevó a que, en el marco del “derecho a la ciudad” reconocida en la Nueva Agenda Urbana (NAU) aprobada en Habitat III (2016), se empiece a abordar la necesidad de reconocer los derechos digitales en entornos urbanos. Una iniciativa en esa línea es, por ejemplo, el reciente Marco de gobernanza de derechos digitales de ONU Habitat y la Coalición de Ciudades por los Derechos Humanos (2022). que se propone como un modelo para que las ciudades manejen oportunidades y riesgos generados por la digitalización desde un adecuado cumplimiento de Derechos Humanos en entornos digitales.
Con esta perspectiva y buscando ampliar la mirada de los derechos digitales desde las ciudades bolivianas, la Fundación InternetBolivia.org y la Asociación Aguayo están implementado el proyecto “Digitalidades municipales – agendas para la inclusión digital desde los municipios”, que es parte del “Fondo concursable para iniciativas de cultura ciudadana para la cohesión social” – Iniciativa de Fundación Construir con apoyo técnico de ONU-Habitat Bolivia y financiamiento de la Cooperación de Suecia.
Los derechos digitales desde el marco urbano boliviano
En el marco de las ciudades, la Nueva Agenda Urbana (NAU) propone entre sus diferentes compromisos: adoptar enfoques de ciudades que aprovechen las oportunidades de la digitalización para innovar sus sistemas, promover la inclusión digital y las estrategias de gobierno electrónico, apoyar la innovación social para la planificación urbana, territorial y de políticas públicas.
El adecuado impulso al “derecho a la ciudad”, en una perspectiva de espacio híbrido y ciudadanía digital, requiere que la digitalización vaya de la mano de un enfoque de derechos. De acuerdo a Santana (2022), los y las habitantes de la ciudad deben tener la posibilidad de acceder y aprovechar las tecnologías, participar y expresar sus opiniones a través de medios digitales en lo que respecta a las decisiones que afectan su ciudad, utilizar las herramientas puestas por sus gobiernos para acceder a información y gestionar sus necesidades, habitar lo digital con garantías para su seguridad e integridad.
No obstante, la situación de Bolivia con respecto al cumplimiento de los derechos digitales en el marco urbano, se entrecruza con varios problemas. De acuerdo a un diagnóstico realizado por la Fundacion InternetBolivia.org y Asociación Aguayo (2021), la infraestructura para internet, aunque llega a la mayoría de los municipios grandes e intermedios, es aún insuficiente y requiere de esfuerzos desde los propios Gobiernos Municipales para proveer conectividad a espacios públicos y unidades educativas. Ante la carencia de programas de alfabetización digital y currículas oficiales, existe un mínimo desarrollo de habilidades digitales para el adecuado uso de las tecnologías en la población, El ecosistema de políticas públicas y regulación de internet es débil y con grandes vacíos en protección de datos personales, reconocimiento de tipos de violencias digitales,ciberdelitos y garantías para el acceso a información, entre otras.
Resolver estos problemas requiere que, además de políticas nacionales, los gobiernos municipales autónomos (GAM) desde la perspectiva del desarrollo urbano y el derecho a la ciudad, puedan plantear soluciones y convertirse en implementadores de su propia digitalización. Varias de las competencias reconocidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ottich, 2021) otorgan posibilidades para que los GAMs puedan empezar a diseñar políticas públicas para la inclusión digital y el reconocimiento de los derechos digitales. No obstante, las autoridades no están en conocimiento de ello, carecen de herramientas y requieren de información.
Laboratorios participativos para agendas de inclusión digital
En una alianza entre la Asociación Aguayo y la Fundación InternetBolivia.org, buscamos explorar los derechos digitales desde la perspectiva urbana a partir de implementar metodologías participativas y de consulta ciudadana en laboratorios móviles e itinerantes que incluyan los componentes de empatía, participación y cocreación.
Como parte del “Fondo concursable para iniciativas de cultura ciudadana para la cohesión social”, desarrollamos un proyecto que nos permite elaborar Agendas para la inclusión digital para y desde los municipios. Estas Agendas buscan ser hojas de ruta para que decisores y ciudadanía ejerzan su derecho a la ciudad y planifiquen así su horizonte de digitalización.
A través de éste , desplegamos laboratorios móviles en dos municipios que se proyectan con liderazgo en sus subsistemas regionales y presentan características únicas: Coroico y El Alto. El primero es un municipio altamente turístico que genera información, transita por transformaciones productivas relevantes y ha empezado la discusión de una ley municipal de digitalización y protección de datos. El segundo es la ciudad de mayor crecimiento de Bolivia y enfrenta varios desafíos para su planificación a futuro.
En los laboratorios móviles, combinamos diversas metodologías destinadas a fortalecer la participación en la toma de decisiones y planificación del entorno urbano, componente esencial del derecho a la ciudad. Se elaboraron así paneles que brinden información sobre tres derechos digitales: vida libre de violencia en internet, privacidad y protección de datos, y acceso a internet, los cuales fueron complementados por una obra de teatro que explora sobre los derechos mencionados. El teatro es una forma didáctica de transferir conocimientos a la población, pero también es una técnica de artivismo que aplicada en entornos urbanos, genera una pedagogía que fortalece los lazos de empatía y creatividad entre los y las participantes, ambos elementos de las metodologías de innovación.
La mezcla de ambas técnicas generó una participación informada de las personas la cual fue captada a través de un formulario digitalizado y visualizaciones analógicas de datos. Este ejercicio nos permitió llegar a más 1.200 personas de ambos municipios en una consulta que tuvo la intención de recuperar sus perspectivas y necesidades..
El tercer elemento de los laboratorios móviles fue la cocreación. Tomando en cuenta los resultados de las consultas públicas y las participaciones individuales de los y las asistentes, elaboramos las propuestas de documento de Agendas de inclusión digital que serán validadas por autoridades, especialistas y ciudadanía.
En conjunto, esta es una apuesta para plantear maneras alternativas de diseñar políticas públicas a partir de la participación masiva, proponiendo soluciones a los diferentes desafíos urbanos desde métodos y formas de canalizar la inteligencia colectiva.
