Este 14 de abril es un día especial para la Fundación Internet Bolivia. Durante esta jornada fuimos testigos de la presentación del Estudio Sistemas de Identificación y Protección Social en Venezuela y Bolivia: Impactos de género y otras formas de discriminación. La publicación fue coordinada por Derechos Digitales, que desde 2004 trabaja en temas relacionados al acceso a Internet.
En la mesa de análisis participaron cinco expositores: Hugo Miranda, parte de la Fundación Internet Bolivia; Marianne Diaz, Derechos Digitales; Erick Meave, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicos (Udape); Eduardo Bertoni, Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur; y Tamara Adrián diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. La moderadora del evento fue Jamila Venturini de Derechos Digitales.
El documento consta de dos partes. La primera se denomina Sistemas de protección social en Venezuela: Vigilancia género y derechos humanos; y la segunda es Bienestar social, digitalización y el potencial de discriminación durante la pandemia de Covid-19 en Bolivia.
El estudio muestra que los gobiernos de ambos países aplicaron herramientas digitales para políticas sociales, pero que en otros casos sirvieron para profundizar formas de discriminación. En el caso venezolano se trata de los sistemas biométricos que impidieron a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ acceder a los beneficios sociales.
Sobre Bolivia la publicación detalla cómo el Gobierno tuvo que implementar nuevas herramientas tecnológicas a fin de aplicar políticas sociales. El pago del Bono contra el Hambre fue uno de los ejemplos citados porque los registros se lograron gracias a sistemas informáticos. En consenso los panelistas indicaron la necesidad de una ley de protección de datos personales para ambos países.
La investigación también apunta a los sistemas de vigilancia y control. Para la entrega de alimentos el gobierno de Venezuela optó por controles biométricos y para los registros de vacunación también aunque estos se han aplicado a un porcentaje mínimo de la sociedad. La solicitud de información personal coloca en mayor situación de vulnerabilidad a poblaciones LGBTIQ+ y mujeres.
“En cuanto a normativa se ha avanzado en el tema tecnológico sobre todo tenemos un decreto de gobierno electrónico e implementación de Software Libre. También tenemos una Ley de Ciudadanía Digital. Pero no tenemos una ley de protección de datos personales” reflexionó Hugo Miranda, representante de la Fundación Internet Bolivia.
Si usted desea obtener el documento completo puede descargarlo en este enlace para leerlo en castellano y en este otro para acceder a su versión en inglés. Puede volver a ver el evento en este enlace y acompañarnos a continuar la reflexión de este tema.
