La organización Civicus realiza un monitoreo anual de libertades y derechos humanos en el mundo, mide tres derechos como indicadores de espacio cívico: libertad de asociación, libertad de reunión pacífica y libertad de expresión.
El informe de 2020 muestra que la gran tendencia global es la restricción del espacio cívico, 87% de la población mundial actualmente vive en países clasificados como cerrados, represivos u obstruidos. En América Latina varios países han retrocedido en la garantía de derechos o ya tenían serias restricciones: Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, México y Venezuela.
Algunas de las causas son las medidas para combatir la pandemia que crearon un contexto de emergencia sanitaria aprovechado por los gobiernos para imponer medidas restrictivas de los derechos humanos y si bien la declaración de emergencia sanitaria era necesaria, los estándares internacionales de derechos humanos aclaran que estas medidas deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, lo que no se respetó en la mayor parte de los casos.
Las tácticas más usuales para restringir libertades y derechos, según Civicus, son la intimidación, el acoso, los ataques a periodistas, la detención de manifestantes y el uso excesivo de la fuerza contra protestantes.
Además, para luchar contra la desinformación asociada a la pandemia se implementaron medidas de control de noticias y se tomó presa a gente bajo el cargo de desinformar. Esto último también sucedió en Bolivia durante el gobierno de transición y los decretos por la pandemia que incluían artículos contra la libertad de expresión que luego fueron anulados debido a la presión internacional de organizaciones de derechos humanos.
Lo que está sucediendo en Colombia las últimas semanas, lo que pasó en Chile antes de su referéndum, en Estados Unidos durante las protestas por el caso George Floyd o en Brasil con la difamación pública de las organizaciones de sociedad civil y la criminalización de activistas, todos estos casos, incluido el boliviano, forman parte de este fenómeno de restricción del espacio cívico que se extiende a espacios digitales con apagones de internet, ataques computarizados en redes sociales contra activistas y colectivos (lo que Facebook ha dado por llamar coordinated unauthentic behavior) o vigilancia estatal de civiles.
Sin duda, la situación es preocupante porque nos estamos acostumbrando a vivir con esas restricciones y las justificamos muchas veces como parte necesaria de la experiencia de la pandemia. No debemos olvidar que tenemos derecho a vivir con libertad y que el retorno al disfrute de una vida así debe ser uno de los objetivos colectivos.
Eliana Quiroz
Fuente original: La Razón
