La llegada de un nuevo gobierno en Bolivia también coincide con un momento importante para los derechos humanos en el entorno digital. El reciente ciclo del Examen Periódico Universal (EPU, 2025) por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos, junto con las observaciones del informe “Contribución Conjunta sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Entorno Digital en Bolivia” (2024) (Enlace: https://internetbolivia.org/file/2024/09/epu_2024_vfinal.pdf) elaborado por la Fundación InternetBolivia.org (Enlace) y Derechos Digitales (Enlace), han puesto en evidencia un conjunto de deudas estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de libertades digitales, acceso a la información y protección de datos personales. La próxima administración no puede eludir este desafío para construir una democracia transparente y acorde al siglo XXI.
El EPU no es un examen simbólico. Es un mecanismo del sistema de Naciones Unidas que revisa periodicamente el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. En su cuarta revisión, Bolivia enfrentó un escrutinio más severo. En el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Estado Plurinacional de Bolivia (A/HRC/59/7, marzo de 2025 (Enlace: https://docs.un.org/es/A/HRC/59/7) Casi cien países formularon observaciones sobre temas estructurales: la independencia judicial, la violencia contra las mujeres, la corrupción y, de forma creciente, la garantía de derechos en el entorno digital. Llama la atención que cuatro países – Brasil, Montenegro, Kazajistán y Paraguay – hicieran recomendaciones explícitas sobre asuntos digitales. Brasil y Montenegro pidieron reforzar las políticas contra los discursos de odio y la violencia política en redes; Kazajistán, mejorar la seguridad en línea para niños y niñas; y Paraguay, asignar recursos al Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística (SIPLUS), una herramienta esencial de acceso a la información que lleva meses paralizada. El bajo número de observaciones en este campo evidencia una brecha internacional: los derechos digitales aún son percibidos como una cuestión emergente, cuando en realidad son un núcleo de la vida democrática.
El informe presentado por InternetBolivia.org y Derechos Digitales en enero advertía sobre tres áreas críticas: violencia digital contra las mujeres; libertad de expresión y acceso a la información; ausencia de un mecanismo nacional de información, seguimiento y monitoreo de las recomendaciones del EPU; y adicionalmente, la falta de protección de datos personales y de privacidad ciudadana. El llamado informe sombra de InternetBolivia.org subrayó que la ausencia de una ley de protección de datos personales y de una ley de acceso a la información pública mantiene a la ciudadanía expuesta a la opacidad estatal y a la vigilancia digital. Sin un marco legal que limite el uso de tecnologías de reconocimiento facial o bases biométricas, el poder público dispone de herramientas que pueden ser fácilmente usadas para el control político. El vacío es tan grande que ni siquiera existe una autoridad independiente encargada de fiscalizar la gestión de datos personales.
El examen internacional y las observaciones nacionales apuntan en la misma dirección de este informe: sin transparencia ni garantías digitales, no hay democracia plena. El Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU de Bolivia confirmó buena parte de las observaciones del documento de InternetBolivia.org, especialmente las relacionadas con violencia de género, educación inclusiva y acceso a la información ambiental. El organismo exhorta a Bolivia a fortalecer los mecanismos de prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y también de mujeres transgénero, incluida la violencia digital, con especial atención a las mujeres indígenas y rurales. Además, el informe aborda la reducción de brechas educativas, un tema estrechamente vinculado al reclamo de garantizar conectividad y alfabetización digital con enfoque de género.
Tanto el EPU como el informe sombra insisten en la necesidad de reactivar el SIPLUS, herramienta clave para el acceso público a la información. El propio Consejo de Derechos Humanos, en los párrafos 124.a y 124.c del informe internacional, recomienda fortalecer los mecanismos de reporte y monitoreo ante organismos multilaterales, coincidiendo con la recomendación del informe sombra. Del mismo modo, el compromiso con el Acuerdo de Escazú (párrafo 122.180 del EPU) refuerza la obligación estatal de garantizar información ambiental y participación ciudadana, en línea con la recomendación de la Fundación InternetBolivia.org. Este tipo de sinergias demuestra que la comunidad internacional y la sociedad civil nacional reclaman coherencia: no basta con aceptar formalmente las recomendaciones, sino implementarlas con voluntad política y recursos efectivos.
En el marco de las sesiones del EPU durante el junio y julio del año 2025, el entonces gobierno boliviano recibió 275 recomendaciones y aceptó la mayoría de las recomendaciones internacionales (Enlace: https://docs.un.org/es/A/HRC/59/7/Add.1) , pero “anotó” – es decir, decidió no implementar – veinte de las más sensibles, precisamente aquellas vinculadas con la libertad de expresión y participación política, el acceso a la información pública y la protección contra la discriminación.
Las veinte recomendaciones que Bolivia decidió no aceptar en el último ciclo del Examen Periódico Universal reflejan las áreas donde el Estado mantiene mayores resistencias a la apertura democrática. Entre ellas destacan las referidas a la libertad de prensa, expresión y acceso a la información (122.50, 122.51, 122.53, 122.54, 122.59, 122.60), que pedían leyes de protección a periodistas y normas de transparencia pública, así como las relacionadas con la libertad de asociación (122.42, 122.43, 122.44, 122.45), que reclamaban reformar la Ley 351 y su decreto reglamentario para garantizar la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Su rechazo confirma una tendencia a preservar el control institucional sobre el espacio público y a limitar la fiscalización ciudadana del poder.
También fueron desestimadas las recomendaciones vinculadas a los derechos LGBTIQ+ (122.67, 122.68, 122.69, 122.224, 122.274), que instaban al reconocimiento del matrimonio igualitario y la protección de las personas trans, junto con otras sobre libertades civiles como la representación del Alto Comisionado de la ONU, la objeción de conciencia al servicio militar, la erradicación del trabajo infantil y la legalización del aborto (122.2, 122.23, 122.86, 122.87, 122.88, 122.150). En conjunto, estos rechazos revelan un marco político conservador que posterga los derechos individuales y colectivos más sensibles, incluidos los vinculados con la autonomía corporal, la diversidad y la libertad de expresión.
Esta omisión refleja una tendencia preocupante. Además, Bolivia sigue sin aprobar una ley integral de protección de datos personales ni una norma de acceso a la información, pese a los compromisos internacionales adquiridos. La transformación digital del Estado boliviano no puede seguir basándose en la vigilancia y la opacidad, sino en la protección de la ciudadanía diverse en el ambiente digital digital. Para ello, el nuevo gobierno debe priorizar al menos cuatro reformas urgentes: promulgar una ley de protección de datos personales que establezca derechos claros, sanciones y una autoridad reguladora independiente; aprobar una ley de acceso a la información pública, cumpliendo el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; diseñar políticas públicas para prevenir y sancionar la violencia digital, especialmente contra mujeres y periodistas; y garantizar transparencia y rendición de cuentas. Porque sin derechos digitales no hay democracia real, y sin ciudadanía crítica y conectada, el poder seguirá hablando solo.
Por Steffen Heinzelmann, cooperante en Fundación InternetBolivia.org