Tropezar con la misma piedra es un dicho usado para referirse a la incapacidad de aprender de las experiencias y volver a cometer los mismos errores.
En épocas electorales hemos visto casos de inscripciones no autorizadas de militantes en partidos políticos. Entre el año pasado y el actual, han llovido reclamos de ciudadanos que figuran como militantes en una organización política a la que, aseguran, no haberse afiliado.
La historia se vuelve a repetir, ya que el año 2018 tuvimos casos similares.
La situación se agrava debido a que en los últimos días han salido a la luz personas denunciando que al momento de hacer el trámite para anular esa errónea militancia, en el Órgano Electoral Plurinacional se les ha negado la recepción de los formularios de anulación, indicando que deben presentar el formulario de renuncia de militancia.
Al respecto, hay varios aspectos a tomar en cuenta.
¿Nuestros datos personales están protegidos?
Existe una evidente vulneración a los derechos de protección de datos personales, debido a que las personas afectadas no dieron su consentimiento para inscribirse como militantes.
Se sospecha que los partidos políticos aprovecharon los datos brindados por las personas en diversas actividades, como la colecta de firmas, participación en debates o listas de entrega de tarjetas de crédito de celulares.
El consentimiento para que sea válido debe ser libre, expreso, específico, inequívoco e informado, lo que significa que las personas deben saber exactamente para qué se están recabando sus datos y esos datos no pueden ser utilizados para fines distintos.
Podemos observar que:
- Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas han actuado de mala fe, aprovechando datos personales con los que contaban, pero de los cuales no tenían el consentimiento para usarlos con la finalidad de registrar militancias.
Esto implica una vulneración a los derechos de las personas afectadas, incumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096) y la posible comisión de delitos.
- El Órgano Electoral ha sido negligente al no prever mecanismos para evitar la vulneración de datos personales, considerando que ya existían antecedentes de este tipo de casos en gestiones anteriores.
- Existe poca formación sobre protección de datos personales en la población, lo que lleva a que sea más fácil hacer un uso abusivo de los mismos.
Se han vulnerado derechos políticos
La afiliación política se encuentra en el marco del ejercicio de los derechos políticos, la libertad de pensamiento y la libertad de asociación. Es parte de una decisión voluntaria de integrarse en un partido político o agrupación ciudadana que consideremos acorde a nuestros ideales y del cual estemos dispuestos a realizar determinadas actividades partidarias.
Esta afiliación debe ser voluntaria y en ella no debería mediar ningún tipo de presión o engaño.
El establecimiento de las figuras de renuncia o anulación de militancia se determinan considerando que las personas pueden cambiar de opinión (renuncia) o que puede existir un error en la inscripción (anulación).
Ambas figuras tienen consecuencias distintas. La renuncia implica una desafiliación y se mantiene un registro histórico sobre la militancia. En cambio, la anulación implica que el registro carece de validez por falta de consentimiento, por lo que se elimina el histórico del registro.
Impedir a las personas anular los registros se constituye en una nueva vulneración a los derechos de las personas afectadas, buscando forzarlas a que se mantenga en su historial una militancia que nunca consintieron.
Se puede entender que, en algunos casos, determinar la procedencia de la anulación sea compleja; no obstante, el Órgano Electoral debe prever instancias expeditas para estos casos y resolverlos.
Por otro lado, las opiniones y afiliaciones políticas se consideran datos sensibles, los que deberían ser especialmente protegidos. A pesar de esto, la plataforma de Yo Participo no cuenta con mecanismos seguros de autenticación, por lo que cualquier persona que cuente con nuestro número de cédula de identidad y fecha de nacimiento puede conocer nuestros datos de registro electoral.
Poder acceder a estos datos debería implicar el uso de una plataforma más segura, en la cual sólo la persona interesada pueda ingresar al registro correspondiente.
Esta historia que se vuelve a repetir nos muestra la enorme necesidad de contar con una Ley de Protección de Datos Personales y con procesos adecuados para garantizar plenamente los derechos de la población.
¿Tropezaremos nuevamente con la misma piedra? ¿O se tomarán acciones para no repetir la misma historia? Lo sabremos en el próximo capítulo electoral.
Nota publicada en Guardiana por Diandra Nathaly Céspedes Sagardía es abogada, investigadora y consultora asociada de la Fundación InternetBolivia.org,
