Los países que forman parte de las Naciones Unidas se someten a una evaluación de la situación de los derechos humanos en sus territorios cada cuatro años y medio. Este proceso se llama Evaluación Periódica Universal (EPU) y Bolivia está actualmente atravesando por cuarta vez este proceso de evaluación. El EPU es un instrumento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su objetivo es garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
Este martes 21 de enero de 2025 varias autoridades del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Planificación presentaron en Ginebra el informe sobre las acciones que el Gobierno ha tomado para mejorar los derechos humanos en Bolivia desde la última evaluación y casi 100 países han presentado recomendaciones al Estado boliviano.
Como parte del EPU, las organizaciones de la sociedad civil están invitadas a elaborar sus propios informes acerca de la situación de los derechos humanos, que se llaman informes sombra. En esta oportunidad, la Fundación Internet Bolivia junto a la ONG regional Derechos Digitales ha elaborado un informe sombra acerca de tres derechos digitales:
- 1. Violencia de género facilitada por la tecnología
- 2. Libertad de expresión en línea y acceso a la información
- 3. Privacidad y protección de datos personales
Este informe sombra se unió a otros 12 elaborados por más de 300 organizaciones que forman parte de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil en Bolivia y que tratan diversos aspectos de la garantía de los derechos humanos en el territorio.
Si bien son aún pocas recomendaciones de Estados miembros a Bolivia en temas digitales, ya hay países que están destacando la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos en los espacios digitales. Se recibieron cuatro recomendaciones acerca de temas digitales y varias más acerca de temas relacionados al ejercicio de derechos que también tienen expresiones en línea como son la violencia digital de género, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Brasil recomendó poner atención a la lucha contra los discursos de odio y violencia política en medios digitales; Montenegro recomendó luchar contra los discursos y delitos de odio; Kazajistán puso énfasis en la seguridad en Internet para niños y niñas y, por último, Paraguay recomendó que se destinen recursos para la sostenibilidad del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística (SIPLUS) como un mecanismo de acceso a la información de los avances de las recomendaciones del EPU al Estado Plurinacional. Además, tomamos las 24 recomendaciones acerca de violencia de género a nivel general como aplicables a la violencia digital de género y 7 acerca de libertad de expresión y acceso a la información como aplicables a derechos digitales. Lamentablemente, las recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta son las relativas a la privacidad y la protección de datos personales.
Este proceso EPU pretende influir en las políticas públicas de Bolivia, como de los otros países que se someten a procesos similares. En el caso de Bolivia, hay algunos esfuerzos de política pública enmarcados en la garantía de los derechos digitales como son la defensa de víctimas (mujeres, niñas y niños) de violencias digitales impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Justicia, también existen algunas iniciativas legislativas en la formulación de leyes de ciberdelitos que deben ser remarcadas, esperemos que lleguen a ser debatidas y aprobadas en la Asamblea en la actual gestión. Acerca de la libertad de expresión y los discursos de odio, reconociendo que son temas complejos de tratar, se puede resaltar la Coalición contra la Desinformación, iniciativa liderada por el PNUD de la que forma parte el TSE, para definir líneas de política pública en época electoral.
Por otro lado, hay recomendaciones que no fueron rescatadas por países que están en el informe sombra mencionado y otras que sí han sido mencionadas, pero que no están recibiendo atención por parte del Estado. Lo primero que se debe hacer notar es la garantía de acceso universal a Internet de una forma asequible y con calidad que está garantizada en la CPE art. 20, además de una política generalizada de desarrollo de habilidades digitales que reduzcan o eliminen las brechas de género y las brechas que afectan a las personas que viven en zonas rurales y que se identifican como indígenas. Otra falencia es la aprobación de una Ley de Acceso a la Información que si bien en la pasada gestión se aprobó en el Senado, no pasó a Diputados y es muy probable que no se recupere en esta gestión. Un ejemplo de un mecanismo que se beneficiaría con el respaldo de una ley de este tipo es el SIPLUS (siplusbolivia.gob.bo), que está caído desde hace meses.
Es también muy notoria la falta de iniciativas de política pública nacionales acerca de la seguridad digital para niños y niñas, que es algo que está siendo altamente demandado por las comunidades educativas. Existe una norma municipal aprobada en Cochabamba en ese sentido; pero que no ha logrado inspirar una dinámica nacional.
De la misma manera, una recomendación que no ha sido mencionada por ningún país es la necesidad de la aprobación de una ley de protección de datos personales que podría haber impulsado que el anteproyecto de ley de protección de datos personales por la AGETIC sea ingresado a la Asamblea Legislativa para su debate, anteproyecto que recoge un enriquecido y largo debate multiactor alrededor de la necesidad y características de esta norma.
En definitiva, por primera vez el Estado Plurinacional de Bolivia recibe recomendaciones de derechos digitales en el EPU que lo hallan impulsando algunas pocas políticas públicas relacionadas a temas digitales. Es evidente la necesidad de un impulso más decidido para insertarnos en las rápidas dinámicas digitales que nos pueden beneficiar en el ejercicio de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales.
Nota publicada en Guardiana por Eliana Quiroz es integrante del directorio de la Fundación Internetbolivia.org
