A 2025, Bolivia es un país todavía muy rezagado en desarrollo tecnológico e inmerso en una aguda crisis social y económica que requiere de una propuesta seria en transformación digital. Sin embargo, los planes de gobierno presentados están lejos aún de entender las necesidades actuales y brindar soluciones integrales.
Por un lado, Bolivia posee una brecha digital irresuelta que si bien se ha mitigado en el área urbana, persiste en áreas rurales y remotas. A su vez, no ha logrado generar las condiciones habilitantes en infraestructura, regulación y capacidad para la adopción de tecnologías avanzadas. De hecho, recientemente dos mediciones internacionales como el Índice Latinoamericano de IA coloca a Bolivia y el Barómetro Global de Datos, dieron a Bolivia entre los peores puntajes a nivel regional1. Al mismo tiempo, la actual crisis económica causada por el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y la escasez de divisas, requiere impulsar una transformación digital que contribuya a diversificar las fuentes de generación de ingresos y las oportunidades para la población.
Si bien alusiones a la “digitalización” no faltan2, en una perspectiva comparada con mi análisis para las elecciones de 2020, observo que las actuales propuestas son repetitivas, no atienden a diversos diagnósticos ya realizados, desconocen políticas existentes y no logran perspectivas que dialoguen con las necesidades actuales. Caso aparte es el programa del actual partido de gobierno, MAS-IPSP, el cual a dos meses de ser publicada la Agenda Digital 20303, documento que viene siendo trabajado desde inicios de la actual gestión, prácticamente prescinde de sus lineamientos.
Entonces, ¿qué proponen los y las actuales candidatos/as? Para facilitar el análisis, se han tomado seis principales categorías que son más utilizadas por los planes de gobierno:
gobierno digital, educación, innovación y ciencia, salud, economía digital, acceso a Internet y seguridad y lucha contra las violencias digitales.
Gobierno digital
Esta temática está presente en casi todos los planes de gobierno, pues todos quisieran “modernizar” el Estado y fortalecer la transparencia. Esto, por supuesto, influenciado por la necesidad de generar una mayor eficiencia con respecto al gasto público, en un contexto de escasez presupuestaria, y recobrar la confianza en un Estado altamente atestado por casos de corrupción.
Al menos cinco partidos (PDC, Sumate, Alianza Unidad, Morena y Libre) han propuesto implementar tecnologías que ayuden a dar trazabilidad al gasto público, ya sea a través de cadena de bloques “blockchain”, mecanismos de gobierno abierto y/o contrataciones públicas abiertas e inteligentes. No obstante, tanto el uso de blockchain como los mecanismos de gobierno abierto son parte de las iniciativas de ciudadanía digital y el Plan de Gobierno Electrónico que se viene implementando desde 2017. Igualmente es reiterativo el uso de términos como plataformas de servicios, interoperabilidad de datos y simplificación de trámites a pesar que los partidos se sorprenderán de saber que estas son parte de la Política “Bolivia a tu servicio” del DS. 3525 de 2018.
El problema no es solamente de desconocimiento del marco regulatorio de gobierno electrónico por parte de los partidos políticos, basta saber que un conocido candidato a Vicepresidente desconocía que hay una Agencia de Gobierno Electrónico, también lo es del propio Gobierno que ha retrocedido en la mayoría de los avances logrados, al punto que su actual plan desdibuja ese camino recorrido.
Educación, ciencia e innovación
Lastimosamente Bolivia no ha logrado resolver los problemas educativos que se detectaron con la pandemia. Los recientes estudios denotan un rezago preocupante en el aprendizaje de ciencias puras4, la brecha digital escolar no se ha resuelto y la currícula escolar, a pesar de haber recibido actualizaciones en 2023, tiene serias complejidades para ser implementada5. Esta situación coloca al país en un alto riesgo de retroceder en años de esfuerzos de políticas para fortalecer la educación, y generar una mayor ampliación de las desigualdades.
Definitivamente, una apuesta seria en tecnología para el futuro, debe tener una base educativa igual de seria. Ninguna transformación digital se logrará sin brindar las condiciones mínimas en habilidades, dispositivos y conocimientos.
Sin embargo, los partidos repiten fórmulas ya intentadas por las últimas dos gestiones como la creación de plataformas de e-learning ( ya existente hoy) o la de modernizar las currículas educativas, con un intento fallido que hubo en 2023. Si bien los partidos parecen reconocer la importancia de promover el desarrollo científico y educativo, al no tener propuestas que aborden la estructuralidad e integralidad de la problemática, denotan su desconocimiento del tema y por ende, su poca capacidad para resolverla.
Salud
En salud, cinco partidos han incluido la temática en sus programas. De estos, cuatro entienden que el mayor problema en este momento es la falta de digitalización de los historiales clínicos de salud, dos proponen la telesalud (atención a distancia y remota) y uno (Libre), incluyó sistemas de gestión de turnos. Si bien son propuestas necesarias, la situación de la salud, al igual que la de educación, parece ser más estructural y no necesariamente se resolverá implementando más tecnología.
Economía
Resulta paradójico que todos los candidatos dediquen varias páginas a diagnosticar la actual crisis económica en Bolivia, pero que sin embargo, la economía digital no sea uno de los ejes principales de sus propuestas.
Por el lado de Morena se apuesta por fortalecer los emprendimientos a través de reducciones impositivas. Alianza UNIDAD da unos pasos más proponiendo crear centros de innovación con asesoría especializada e incluso crear una materia de emprendimiento para las escuelas y generar un marco regulatorio adecuado, incluyendo una Ley de protección de datos. Alianza Popular, si bien prácticamente no tiene propuestas en temas digitales, sí incluyó bastantes en economía digital, incluyendo crear una estrategia de inclusión financiera, expandir la infraestructura de pagos y avanzar en regulación para fintechs. De manera similar, Libre aborda la regulación de criptomonedas, la creación de incentivos para emprendimientos pero también, el desarrollo de centros de datos, una condición necesaria para dar saltos hacia tecnologías más avanzadas, a ello agregan la creación de una Ley nacional de protección de datos.
Todas son propuestas necesarias y apuntan a resolver el posible incremento del desempleo y la dificultad de acceso a divisas. Sin embargo, prácticamente no se abordan propuestas enfocadas a la transformación del sistema productivo a través de fortalecer la producción de bienes y servicios digitales con valor añadido.
Acceso a Internet
El cierre de la brecha digital es apenas abordado en los programas de gobierno, cuando sin duda era la temática más presente en las anteriores elecciones de 2020. De hecho, sólo cuatro partidos: Morena, MAS-IPSP, APB-Sumate y Alianza Unidad, la abordan. El primero propone crear un plan de conectividad inclusiva, el MAS-IPSP el lanzamiento de un 2do Satéltite Tupak Katari6, APB-Sumate añade que el acceso a Internet debería ser reconocido como un derecho y Alianza UNIDAD ofrece brindar Internet en escuelas, despliegue de 5G, ampliación del PRONTIS, siendo esta última quizás la que parece conocer mejor la actual situación de conectividad en Bolivia.
Lo cierto es que ningún salto digital realmente va a suceder sino se tocan los puntos más claves con respecto a la brecha digital, los cuales se resumen en el concepto de “conectividad significativa”: lograr conexiones estables, a bajo costo y con el acceso a dispositivos que permitan una experiencia adecuada. Todo lo anterior implica resolver los problemas de “última milla”, la conectividad que se da del cableado estructural hasta los usuarios, la falta de competencias en telecomunicaciones para los municipios y gobernaciones, la mayor competitividad en proveedores de servicio y el fortalecimiento de programas de cierre de brecha digital como el PRONTIS.
Ciberseguridad y lucha contra las violencias digitales
Se han combinado para el análisis dos temas que en realidad son distintos aunque complementarios. Por un lado, la ciberseguridad de Bolivia, aspecto que abarca tanto al nivel estatal como la protección de los y las ciudadanas. Son pocos los partidos que están abordando esta temática, quizás por la complejidad técnica de la misma, la cual no la hace menos urgente, sobre todo con la cantidad de vulneraciones a sistemas informáticos del Gobierno que se están registrando7 y el incremento de casos de ciberdelincuencia que se reportan en los medios. Los partidos PDC, APB-Sumate, Alianza-Unidad y Libre, hacen breves menciones a la temática pero con poca claridad de lo que proponen: por ejemplo, la mención de la “ciberdefensa”, la “vigilancia tecnológica”, la “tecnología e inteligencia en seguridad”.
Por otro lado, MORENA es el partido que más ha profundizado en estas temáticas desde una perspectiva de lucha contra las violencias digitales. Al respecto, propone sancionar los discursos de odio, algo que debe ser evaluado porque ese tipo de legislaciones siempre tiene riesgos con respecto a la libertad de expresión, crear registros unificados y crear unidades especializadas.
Debe mencionarse en este apartado que sólo dos partidos promueven la aprobación de una ley de protección de datos personales: LIBRE y Alianza UNIDAD. Esta ley, como ha promovido la Fundación InternetBolivia.org 8 es un requerimiento indispensable para garantizar el consentimiento y el adecuado uso de información sensible de la población, promover una cultura de privacidad, asegurar que los incidentes informáticos que involucren datos personales sean comunicados, y que el salto hacia tecnologías emergentes no implique mayores riesgos para la ciudadanía.
¿Y los derechos digitales?
La transformación digital sin una base clara de derechos de las personas deja abierta la posibilidad de múltiples riesgos y potenciales abusos por el uso nocivo de las tecnologías. Por ello, al mismo tiempo que se busca acelerar la digitalización, también se debe proponer generar las garantías necesarias para que ésta no genere efectos colaterales en la población. Sin embargo, los derechos digitales no están presentes de manera explícita en las propuestas de gobierno. Si bien hay ciertas alusiones a generar garantías de trazabilidad y control ciudadano, brindar acceso más masivo y democrático a las tecnologías, e incluso dos partidos proponen una Ley de protección de datos personales, en general la orientación de las propuestas resulta muy tecnosolucionista y quizás, oportunista.
Nuevamente, el hecho de que se añada la palabra “digitalización” a cualquier ofrecimiento electoral, no es sinónimo de que se está comprendiendo cómo llevarla adelante. Sin ofertas electorales que aborden la estructuralidad del rezago existente, Bolivia está sujeta a seguir reproduciendo el patrón de ser un país consumidor, en vez de convertirse en un país que impulse la tecnología como motor de su desarrollo.
Se requiere que el próximo gobierno, sea quien sea, entienda que las políticas digitales requieren abrir la discusión a las comunidades técnicas y de múltiples partes interesadas, deshacerse de lógicas amigo/adversario político que son nocivas para lograr construir ecosistemas, y sobre todo, plantear las transformaciones desde las necesidades de las poblaciones más vulnerables.
Tabla 1. Resumen de las propuestas electorales por partido y temática
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Partido |
Gobierno digital |
Educación, ciencia e innovación |
Salud |
Economía |
Acceso a Internet |
Ciberseguridad y lucha contra la violencia |
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PDC |
Digitalización compras públicas; Uso de blockchain y contratos inteligentes |
Digitalización de unidades educativas; Mayor formación docente Incremento inversión en I+D+i |
Digitalización de sistemas de salud |
Uso de IA en videovigilancia; Ciberdefensa; Plataformas digitales integradas |
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NGP |
Plataforma de gobierno digital con contrataciones abiertas |
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Morena |
Plataforma de Servicios de trámites, pagos, denuncias, consultas, ventanilla; Digitalizar 100 trámites; Sistema de identidad digital con firma electrónica; Interoperabilidad de entidades públicas; Sistema de monitoreo; Plataforma de presupuesto participativo digital Plataforma Ciudadana de Denuncias Éticas |
Programas de preparación para ciencia, innovación y tecnología |
Exonerar pago de impuestos a emprendedores; Sistema de mentorías |
Conectividad pública gratuita en municipios. Crean un plan nacional de conectividad digital inclusiva |
Sancionar legalmente el discurso de odio y la incitación a la violencia política. Crear registros unificados de violencias Crear unidades especializadas en violencia de género y ciberseguridad |
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MAS-IPSP |
Digitalización del sistema judicial; interoperabilidad de sistemas de Estado. |
Sistema integrado de información universitaria. Creación de escuelas especializadas en datos e IA, becas, retorno de talento |
Historia clínica digital, App “SUS te cuida” Telesalud 24 horas |
Lanzamiento del Tupac Katari II. Cerrar la brecha digital |
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APB – Súmate |
Plataforma de gobierno abierto; Trazabilidad e interoperabilidad de datos; Laboratorios de innovación cívica; Ciudadanía digital Plataforma Yo Gobierno |
Reforma el ministerio de Educación y Ciencia, políticas mediadas por tecnología. Ciudadela de Ciencia y tecnología |
Digitalización del expediente clínico |
Reconocimiento del acceso a internet como derecho humano. Uso de software libre para optimizar procesos digitales. |
Uso de drones, sensores, vigilancia tecnológica |
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Alianza UNIDAD |
Política “cero papel”; Expedientes electrónicos: Agenda Digital Nacional; Automatización de trámites con trazabilidad; Sistema electrónico de compras públicas; gestión Creación del Ministerio de Tecnologías de Información, Innovación y Conectividad (MINTIC), |
Modernización de la currícula con el modelo STEM; Fortalecimiento plataformas de e-learning. Parques tecno-ecológicos; concursos científicos |
Historia clínica única; Red de hospitales inteligentes; IA en citas médicas |
Creación de la materia de emprendimiento en escuelas Red nacional de centros de innovación tecnológica; Talleres de formación especializada y asesoría empresarial; Marco legal: leyes de protección de datos personales, ciberseguridad, teletrabajo, acceso a la información pública y fomento del comercio electrónico |
Acceso a internet de calidad en las escuelas. Expansión red de fibra óptica. Despliegue de 5G en áreas rurales Ampliación del alcance del PRONTIS Creación de 100 zonas de acceso gratuito a Wi- Fi (islas digitales |
Tecnología e inteligencia en seguridad; unidad policial tecnológica |
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Alianza Popular |
Creación de una política nacional de Ciencia, tecnología e innovación; Fomentar los centros de desarrollo e investigación |
Sistema de salud digital con historias clínicas electrónicas; Telemedicina; Uso de IA en diagnóstcos preventivos |
Estrategia de inclusión financiera digital; Expansión de la infraestructura nacional de pagos promoviendo interoperabilidad; Regulación específica para promover fintechs. |
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LIBRE |
Ventanilla única de trámites digitales; Atención por videollamada; Blockchain; |
Historia clínica digital. Gestión de citas médicas |
Centros de datos; Regulación para criptomonedas; Incentivos a a startups Programas de emprendimiento juvenil |
Combate a la ciberdelincuencia. Ley nacional de protección de datos. |
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Alianza Fuerza del Pueblo |
Gobierno digital para transparentar la administración estatal. |
Modernización de la infraestructura escolar y la tecnología educativa; Plataformas de aprendizaje en línea |
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los planes de gobierno 9
Por Cristian León, Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org – Versión extendida de nota publicada en Guardiana