En días anteriores, dos noticias reiteraron la necesidad de una ley de protección de datos personales en Bolivia, la cual a estas alturas de la historia ya es un fruto maduro que se cae del árbol.
La primera noticia fue el proyecto de Ley presentado por el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi, por el cual se busca derogar la interoperabilidad de datos civiles (como nacimientos, defunciones, etc.), existente entre la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) y el Servicio de Registro Cívico (Serecí). La interoperabilidad, para quienes no conozcan el concepto, se refiere a que entidades del Estado puedan compartir información entre sí, evitando que la ciudadanía deba andar con todos sus documentos a cuestas, incluyendo aquello que sostiene la industria de fotocopias en el país: las famosas fotocopias de carnet de identidad.
Desde esa perspectiva, la interoperabilidad de datos es algo deseable en el proceso de digitalización del Estado y un avance y paso lógico. Sin embargo, la justificación del vocal Tahuichi es que, a pesar de que Agetic es la entidad que debería liderar esa interoperabilidad, esta entidad depende del Ministerio de la Presidencia, por lo cual, en sus palabras: “Tiene carácter netamente político”. Por lo tanto, hay que desconfiar en qué podría hacer la Agetic con esos datos.
El vocal Tahuichi tiene un punto, aunque en el fondo busca desandar uno de los pocos pasos que se han dado en gobierno digital en Bolivia. Cuando en 2018 la Agetic propuso la interoperabilidad de datos (no sólo con Serecí, sino que la incluyó en la Ciudadanía Digital Ley 1080), un grupo de activistas, que hoy en día conformamos la Fundación InternetBolivia.org, nos opusimos. No lo hicimos por retrógrados, sino porque antes de que suceda la interoperabilidad, la ciudadanía requiere garantías de que sus datos van a estar adecuadamente manejados y la historia ha demostrado que teníamos razón con tantos abusos que ya se han dado con respecto a la información privada de las personas.
Agetic primeramente se opuso a una ley de protección de datos. Aludía que no era necesaria, y que los datos pertenecían al Estado. Luego de varios debates y campañas (https://misdatos.internetbolivia.org/), finalmente admitieron durante un desayuno con periodistas que nuestro país necesitaba una ley de protección de datos. Así, terminaron contratando a dos especialistas para iniciar su elaboración. Pero eso fue hace siete años. Hoy, 2025, sin ley y con mucha desconfianza, Tahuichi termina recordándonos y acaso dándonos la razón, de por qué es tan necesaria una ley de protección de datos.
Paralelamente, hace unas pocas semanas, la senadora Claudia Égüez, en un salto casi olímpico pero sin colchoneta debajo, introdujo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para promover las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en Bolivia. Esta propuesta, aunque positiva en su intención, tiene una gran debilidad: da por hecho que la protección de datos personales ya está legislada en Bolivia. Es una debilidad porque al no existir tal legislación, deja varias de sus propuestas en el aire, pues no tienen un sustento normativo, dejando varios de los artículos de ese proyecto de ley sin sentido.
Ambas situaciones refuerzan el mismo punto, pero con diferentes lógicas. El vocal Tahuichi argumenta la desconfianza; la senadora Égüez, el avance tecnológico. La conclusión de esta historia en una oración sería: si queremos dar el salto tecnológico y avanzar en la digitalización, necesitamos los mecanismos que brinden seguridad y garantías necesarias, por tanto, requerimos una ley de protección de datos personales.
Agetic admitió hace siete años que efectivamente se requería esta ley e inició su elaboración. En 2023, finalmente presentó su anteproyecto. Por su lado, la Fundación InternetBolivia.org presentó, hasta el momento, dos anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó? Eso es tema para otro artículo.
Por Cristian León, Director ejecutivo de Fundación InternetBolivia.org para Guardiana.
