La cédula de identidad en formato digital es un nuevo mecanismo que el Estado boliviano empezará a implementar en las próximas semanas. Esta se aprobó a través del D.S. 4861 y funcionará a través de la aplicación de celular “Estado Digital ED-7”. Este D.S. además actualizó los datos personales que se incluyen en el Registro Único de Identificación (RUI), base para la emisión de cédulas de identidad, al incluir datos de resoluciones administrativas y judiciales relacionadas con la identidad de la persona.
Este mecanismo, si bien supone ser un paso necesario para depender menos de las famosas “fotocopias de carnet”, no es una solución definitiva e implica posibles riesgos a los que debemos prestar atención.
¿Por qué es conveniente?
Este nuevo mecanismo es una extensión a la cédula de identidad ya existente, por lo que no la reemplaza. Su uso estaría destinado a reducir el uso del papel – las famosas fotocopias que cada ciudadano debe llevar para hacer trámites – y facilitar la verificación de la identidad de las personas en oficinas públicas y privadas. Es decir, a la sola presentación de este carnet en celular, los y las funcionarias de gobierno deberían verificar la identidad de una persona y facilitar ciertos trámites.
¿Es una solución definitiva?
No, porque no facilita realmente los trámites ni reduce la burocracia. Sólo ayuda a que en las entidades públicas y privadas se facilite verificar la identidad de una persona, y que ésta evite cargar su cédula normal.
No obstante, no incide en que, por ejemplo, en las entidades públicas ya no requieran fotocopias de carnet porque para ello hay que generar interoperabilidad de sistemas en el Estado. La interoperabilidad permitiría que, de una entidad A pueda requerir información de una entidad B a través de sus sistemas, sin que la ciudadanía deba cargar con toda su información todo el tiempo.
¿Qué problemas podría tener?
Ausencia de legislación específica sobre datos personales
El uso de mecanismos de identidad digital requiere muchas salvaguardas (legales y tecnológicas). Este tipo de programas suponen varios tipos de riesgos para la privacidad y seguridad de los datos personales de la ciudadanía, los cuales no están contemplados en la legislación boliviana ya que, por ejemplo, Bolivia carece de una Ley de protección de datos personales.
Vinculación de datos a la tarjeta SIM
Por un lado, la instalación de la aplicación “Estado Digital ED-7” es un mecanismo invasivo y de control. Esto pues se podrá asociar más fácilmente la identidad de la persona con la tarjeta SIM del celular, y a través de éste, tener mayor información para saber cuándo se abre esta aplicación, dónde está la persona al usar la aplicación, entre otros datos. Es por ello que el Relator Especial de la ONU en libertad de expresión, David Kaye, destacó en un reporte suyo de 2015 que vincular la identidad digital o biométrica a las tarjetas SIM, supone un alto riesgo a los derechos humanos.
Vulnerabilidad de las bases de datos
Por otro lado, las bases de datos personales centralizadas son susceptibles de filtraciones y vulneraciones por parte de agentes maliciosos y abusos de las autoridades públicas. Sobre todo aquellas de identificación personal, las cuales incluyen además de número de identificación, domicilio, firma, datos biométricos (huella digital, cara) y ahora también datos de resoluciones administrativas y judiciales relacionadas a cada persona. Por tanto, se requieren altos niveles de ciberseguridad y protección de información, los cuales lastimosamente Bolivia no posee.
Sin las salvaguardas mencionadas, este programa puede convertirse en un medio invasivo de identificación, seguimiento o control de las personas. Hay numerosas organizaciones en el mundo que se oponen a este tipo de soluciones y países que las han descartado. Si bien es un avance tecnológico que puede tener algunos aspectos positivos, los riesgos pueden ser mayores.
Cristian León Coronado, Director Ejecutivo de la Fundación Internet Bolivia.
