Regular las redes sociales es un tema controvertido que reaparece de tanto en tanto en el debate, una suerte de advertencia que ronda entre los impulsos de regular los contenidos y la advertencia de un posible control gubernamental.
El último caso se originó a raíz de la denuncia del senador Rodrigo Paz sobre un proyecto de decreto que, debido a cuestiones técnicas, fue desestimado. Este proyecto pretendía transferir la supervisión del Punto de Intercambio de Tráfico (PIT) de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).
Paz sostenía que el objetivo final era el control de las redes sociales por parte del gobierno. Sin ofrecer una explicación técnica de cómo esto ocurriría recurre a una narrativa en la que el gobierno pretende controlar las redes sociales como en Nicaragua y Venezuela, así una vez más el fantasma de la regulación vuelve a aparecer.
Desde 2016, se han intentado regulaciones a las redes sociales tras la derrota del referéndum constitucional boliviano que impidió modificar la Constitución para permitir la reelección de Evo Morales. Morales denunció una «guerra sucia» en redes sociales, comparándolas con «recolectores de basura» capaces de derrocar gobiernos. Esto impulsó dos iniciativas de regulación: una de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, liderada por Leonardo Loza, y otra del diputado Víctor Borda del MAS.
En 2016, la senadora María Elva Pinckert de UD propuso regular las redes sociales para prevenir la trata de menores. En 2018, Leoncio Gutiérrez, del viceministerio de descolonización, abogó por regularlas debido a denuncias de racismo.
En 2019, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla política durante la crisis social, política y electoral en Bolivia. Surgió especulación sobre el control de las redes como parte de la desinformación. El 5 de noviembre, se difundió una supuesta ley que ‘limitaba el acceso a internet’ en plena crisis.
En marzo de 2020, tras la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez como presidenta interina, junto con la pandemia, se emitieron decretos que sancionaban la desinformación: los D.S. 4199, 4200 y 4231. Según el ex ministro Murillo, 76 personas fueron detenidas, 37 de ellas sentenciadas por violar estos decretos, que finalmente fueron anulados por la presión internacional.
En julio de 2020, tras un ataque con un video que suplanta la identidad de Eva Copa, entonces presidenta del Senado, se generaron dos iniciativas de regulación. La primera, propuesta por la diputada del MAS Nora Quisbert Tito, buscaba sancionar el uso indebido de las redes sociales, pero no tuvo éxito. La segunda, aprobada en el senado, no logró promulgarse y modificaba la ley 348 y el código penal, estableciendo la «Ley que sanciona la Violencia Digital contra la mujer».
Aunque hubo otro intento de regular las redes sociales en 2021 por parte del diputado del MAS René Cabezas, que buscaba eliminar la mentira en las redes, el siguiente proyecto de ley fue presentado en 2023 por el diputado del MAS Juan José Huanca. Esta iniciativa surgió luego de que, en febrero de 2023, Meta (empresa dueña de Facebook e Instagram) revelara un informe sobre ‘comportamiento inauténtico coordinado’ y eliminara 1.635 cuentas.
Como se ha observado, la regulación de las redes sociales en Bolivia ha sido un tema recurrente y polémico, con propuestas surgidas de manera coyuntural e improvisada, lo que ha debilitado un debate serio sobre la temática. Esto ha generado especulaciones, desinformación y preocupaciones sobre un posible control gubernamental de los contenidos y restricciones a la libertad de expresión. Es importante comprender que la regulación no se limita únicamente a los contenidos, sino que también abarca otros aspectos, como la regulación de las propias plataformas de redes sociales y su funcionamiento.
En definitiva, el «fantasma» de la regulación de las redes sociales en Bolivia sigue rondando debido a la tendencia del país a buscar soluciones punitivas y leyes de manera improvisada ante problemas coyunturales. Esto explica los numerosos intentos, al menos ocho, por regular las plataformas digitales, aunque hasta el momento ninguna normativa se ha logrado aprobar.
