El mundo dio una nueva vuelta, y en materia de avances en los derechos digitales en Bolivia, nadie nos ha avisado. Durante 2024, el abordaje a los derechos humanos en entornos digitales en nuestro país fue una tarea impulsada mayormente por el trabajo de múltiples organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales con una participación del Estado que aún brilla por su ausencia.
A nivel internacional, la pasada gestión tuvo al menos tres hitos que marcaron la altura de la vara a la cual como Bolivia deberíamos llegar en el debate de los derechos digitales: la publicación del Pacto Global Digital de las Naciones Unidas, un documento pivote para la cooperación internacional y de lineamientos para la transformación digital; la aprobación de la Convención Internacional para la lucha contra los ciberdelitos y los notorios avances en regulación de las tecnologías de Inteligencia Artificial en varios países.
Con las campañas electorales a la vuelta de la esquina, es importante que los partidos políticos y sus candidatos y candidatas asuman esta temática como parte de su agenda, conozcan la situación de Bolivia e incluyan algunas potenciales soluciones en sus propuestas de gobierno. En 2024, gracias al apoyo de la Embajada de Alemania en Bolivia y el Fondo de Derechos Digitales, así como la participación y miradas de activistas jóvenes de la política y sociedad civil, pudimos avanzar en discutir caminos posibles hacia la inclusión digital, el salto hacia el uso de las IA, la lucha contra las violencias digitales y respuestas a la crisis económica.
El acceso a internet sigue siendo el punto más crítico. Aunque los datos temáticos del Censo 2024 aún no están disponibles, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculaba que a 2023, 68% de la población boliviana usaba internet (76% a nivel urbano vs. 47% a nivel rural). Se desconoce qué acciones existen para generar habilidades digitales y se requiere generar un plan nacional de acceso a internet con enfoque a fortalecer el sistema educativo, brindar acceso gratuito para fines sociales y facilitar el desarrollo de infraestructura tecnológica en el área rural.
Si bien las IA están siendo adoptadas a gran velocidad y se plantea que su mayor desarrollo puede generar incontables beneficios, también hay dudas con respecto a sus potenciales riesgos. Ello derivó en que la Unión Europea promulgara su primera regulación, y países como Brasil registren varios avances. No obstante, en Bolivia estamos lejos aún de tener el debate y no hemos logrado siquiera tener una ley de protección de datos personales. El año pasado, la AGETIC no pudo hacer público ningún avance sobre su proyecto de ley.
Las dos temáticas que quizás despertaron mayor interés en la agenda pública fueron las violencias digitales y el respaldo al uso de criptoactivos, este más por la crisis económica que por un uso estratégico. En la primera, el incremento notorio de casos de violencias digitales que afectan a mujeres e infancias fue resaltado por diversos medios de comunicación y se convirtió en una problemática urgente. Es por ello que de la mano de la Defensoría del Pueblo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidad y AGETIC, por parte del Estado, organismos internacionales como ONU Mujeres y sociedad civil (OXFAM Bolivia, Ciberwarmis, Fundación InternetBolivia.org, entre otras diversas organizaciones), nos articulamos para trabajar una ruta común para políticas públicas. A pesar de esos esfuerzos, la discusión se ha centrado más en los ataques en contra de la Ley 348 que en el planteamiento de nuevas soluciones.
En materia económica, el Estado quitó las restricciones para las transferencias financieras a través de criptomonedas y permitió el uso de otros instrumentos como billeteras digitales. Paralelamente, inició la discusión en torno a al menos dos proyectos de ley sobre la temática. Lo anterior, sin embargo, es apenas un paliativo mientras que aún faltan propuestas estructurales para la economía digital. Desde hace varios años, organizaciones trabajamos en una ley para el emprendimiento digital -la cual aún no se aprueba-, y también buscamos generar mayores transformaciones a nivel de las políticas impositivas, la facilitación de nuevos instrumentos fintech, y por supuesto, el mayor reto, generar capacidades para industrias de software y servicios digitales.
Además de estas problemáticas, también debe mencionarse que para las próximas elecciones es vital tomar acciones con respecto a los fenómenos desinformativos. Vimos cómo durante las elecciones de 2019 y 2020, las noticias falsas y/o tergiversadas acentuaron la polarización y la confrontación, afectando también la imagen del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Por ende, es necesario impulsar un pacto político para fortalecer la integridad informacional en las elecciones. Al respecto, a finales de 2024 bajo el liderazgo del PNUD, varias organizaciones nos aliamos para crear una coalición, y también hemos estado trabajando con otras organizaciones como FES Bolivia, OXFAM, Fundación Aru, entre otras, para ampliar este debate y pensar algunas potenciales soluciones.
Esa es la hoja de ruta (en facilito), para que tanto fuerzas políticas como el propio Estado puedan afianzar una agenda para fortalecer los derechos digitales en Bolivia y ayudar a que este país esté más cerca de la altura de la vara.
Las próximas elecciones generales son una oportunidad para que podamos plantear caminos y soluciones posibles y evitar así que el rezago que tiene nuestro país con respecto a inclusión digital, IA, lucha contra las violencias digitales e impulso a la economía digital, se siga acrecentando.
Nota publicada en Guardiana por Cristian León, Director Ejecutivo de la Fundación InternetBolivia.org
