Lo virtual es real
En enero de 2024, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ofreció una disculpa pública a las familias de las víctimas de daños en línea durante una audiencia del Senado de los Estados Unidos sobre la crisis de explotación sexual infantil en las redes sociales 1. En dicha audiencia, se cuestionó a los ejecutivos de grandes plataformas tecnológicas como Meta, X (anteriormente Twitter), TikTok, Snap y Discord por la insuficiencia de las medidas de protección en sus plataformas, que no logran prevenir la explotación sexual digital, la exposición a contenido nocivo y la violencia en línea, fenómenos que, en algunos casos, han llevado al suicidio de adolescentes.
Esta no es la primera vez que la falta de medidas efectivas por parte de Meta ha resultado en violencia y pérdida de vidas. En 2018, la empresa enfrentó demandas de sobrevivientes musulmanes rohingyas de Myanmar, quienes acusaron a la plataforma de ser cómplice del genocidio de su comunidad. Los demandantes señalaron que Meta no moderó adecuadamente los contenidos que incitaban a la violencia contra ellos, a pesar de que la empresa sabía que su algoritmo, diseñado para promover contenidos con alto potencial de generar emoción e interacción, facilitaba la rápida propagación de discursos de odio contra los rohingyas 2
Ante estos hechos, resulta innegable que lo virtual tiene un impacto real, una realidad que los movimientos feministas de América Latina han señalado durante años. Lo que ocurre en estas plataformas tiene la capacidad de alterar el orden social e incluso poner en peligro la vida de las personas, siendo las mujeres uno de los grupos más afectados. En este contexto, se hace evidente la necesidad de establecer regulaciones y directrices que promuevan una convivencia pacífica en el entorno digital y garanticen la seguridad de las mujeres en este espacio. Sin embargo, lejos de implementar las medidas necesarias a las que Mark Zuckerberg se comprometió durante su comparecencia ante el Senado en 20183, en 2025 el CEO de Meta redujo el alcance de sus herramientas de moderación, limitándolas exclusivamente a las publicaciones que contienen violaciones ilegales y de alta gravedad, mientras que dejó de moderar aquellas que solo infringen sus políticas de contenido. Además, el programa de verificadores externos fue eliminado en los Estados Unidos.
Una vez más, lo virtual es real, y el giro que empresas como Meta, X y otras plataformas tecnológicas están dando hacia posturas reaccionarias y anti-derechos, alineadas con la política imperialista de Donald Trump, tiene un impacto tangible en la vida de mujeres, personas de diversas identidades sexuales y activistas de derechos humanos en todo el mundo. En Bolivia, este fenómeno no es una excepción.
¿Cómo las mujeres de Bolivia nos veremos afectadas?
Si bien este escenario presenta riesgos significativos para los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales a nivel mundial, es importante destacar que los impactos no son homogéneos y varían según el contexto de cada país. En el caso de Bolivia, existen varios factores que agravan el riesgo de daño a las mujeres frente a la violencia digital de género. En primer lugar, se encuentra la ausencia de herramientas técnicas y legislativas adecuadas para combatir la violencia digital. En segundo lugar, está el incremento de posturas anti-derechos en las redes sociales, y, finalmente, la inminente crisis económica que expone a las mujeres a un mayor riesgo de sufrir estafas y explotación sexual digital.
En cuanto al primer punto, es crucial resaltar que, a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, Bolivia aún está muy rezagada en cuanto a legislación sobre protección de datos personales y sanción de la violencia digital, dejando a la población boliviana desprotegida ante la violación de su privacidad y dignidad en el espacio digital. Además, las plataformas de redes sociales pueden no sentirse suficientemente motivadas para responder a las necesidades de un país cuya densidad poblacional no representa un mercado atractivo. Esta situación se refleja en las dificultades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para contactar directamente con plataformas como Meta, TikTok, Telegram, entre otras, a fin de solicitar su apoyo en la lucha contra la violencia que ocurre en sus plataformas. Como resultado, se ha creado una cultura de impunidad en torno a la violencia digital de género en Bolivia, un problema que podría empeorar si las políticas de moderación de contenido se vuelven aún menos rigurosas.
En segundo lugar, la proliferación de discursos misóginos y el retroceso en los derechos de las mujeres tal como se evidenció en Estados Unidos con la controvertida anulación del derecho constitucional al aborto, demuestra que los derechos de las mujeres nunca están completamente garantizados y que los cambios políticos pueden ponerlos en peligro. En Bolivia también se ha observado el auge de estas posturas en diferentes niveles sociales. Un ejemplo de esto ocurrió en un taller sobre violencia digital de género en una comunidad rural, donde adolescentes varones desafiaron la noción de violencia digital de género, usando frases como «la violencia no tiene género», una afirmación común en espacios conocidos como la “manósfera”4, que minimiza o invisibiliza los factores estructurales que permiten y perpetúan la violencia contra las mujeres.
De manera similar, en el ámbito político, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se ha visto amenazada por las declaraciones del senador Andrónico, quien la calificó como una ley que «destruye familias» y «manda a hombres inocentes a la cárcel»5. Estos dos ejemplos reflejan cómo el aumento de discursos misóginos afecta tanto la cultura como la política del país. La resistencia de las empresas de tecnología de frenar la proliferación de discurso de odio machista en sus plataformas digitales, no solo permite que estos discursos se repliquen en otros ámbitos, sino que también busca silenciar las voces de los movimientos feministas bolivianos, los cuales recientemente han sido objeto de persecución, sanciones y censura.
Finalmente, es importante mencionar que Bolivia enfrenta una crisis económica inminente que no se ha visto en las últimas décadas, lo que agrava los factores de vulnerabilidad de las poblaciones ya en situación de riesgo. Como se mencionó previamente, este impacto no es homogéneo y las mujeres bolivianas que se han visto relegadas a tareas domésticas no remuneradas, son particularmente vulnerables a las consecuencias de esta crisis económica. Esto las lleva con frecuencia a buscar medios alternativos para generar ingresos, lo que las hace especialmente susceptibles a estafas en el ámbito digital. Sin embargo, más peligroso que las estafas es el aumento de la explotación sexual digital. Se han documentado casos de personas que engañan a mujeres para que envíen fotos o videos íntimos a cambio de dinero, para luego ser extorsionadas con la amenaza de difundirlos. Esta violencia está fuertemente ligada a una cultura pornográfica que se ve amplificada por las plataformas digitales, incluso en aquellas que tienen políticas que prohíben contenido sexual explícito. A su vez, se alimenta de una cultura machista que niega y culpabiliza el placer femenino.
En este contexto no es de extrañar que el Centro S.O.S. Digital, que brinda acompañamiento a víctimas de violencia digital de género, ha identificado que el principal motivo de solicitud de apoyo son los casos de violencia sexual digital. En estos casos, fotos íntimas de mujeres (ya sean adultas, jóvenes o adolescentes) obtenidas mediante engaños, robos o violaciones de confianza, son utilizadas como armas para controlar sus cuerpos, con la certeza de que la exposición de dichas imágenes puede arruinarles la vida.
Si bien este panorama resulta desalentador, es crucial reconocer las lecciones que nos deja para enfrentar la violencia digital de género. En primer lugar, nos enseña que el bienestar de las personas no es una prioridad para las grandes empresas tecnológicas, lo que implica que desde la sociedad civil, los gobiernos y las instituciones internacionales se debe regular y exigir a las plataformas el desarrollo de herramientas efectivas con enfoque de género para combatir la violencia en línea. En segundo lugar, se evidencia que los gobiernos autoritarios constituyen un terreno fértil para el crecimiento económico de las grandes tecnológicas, siempre que estén dispuestos a alinearse con sus intereses. No es casualidad que los directores generales de estas empresas estuvieran en primera fila durante la posesión presidencial de Donald Trump, apoyando su mandato con generosas donaciones, al igual que no lo es que su administración haya cerrado casos judiciales contra malas prácticas de la industria tecnológica y relajado las regulaciones que la afectan6. Esto subraya la necesidad urgente de fortalecer las instituciones democráticas a nivel local y regional, además de regular la desinformación digital para evitar el abuso de poder por parte de gobiernos de turno. Finalmente, todo esto nos sirve como un triste recordatorio de la fragilidad de los derechos humanos de las mujeres y de la imperiosa necesidad de protegerlos frente a empresas que, bajo el discurso de los derechos humanos, especialmente el derecho a la libre expresión, justifican los abusos que ocurren en sus plataformas asegurando sus ganancias.
Por Narayani Rivera, integrante del Centro SOS Digital de la Fundación InternetBolivia.org
