Extraido del Panel “Legal and Regulatory Framework: International Tax Reform Essential to Make eCommerce Work for All (Tax and Fiscal Justice Asia)” de la UNCTAD eWeek 2023: Shaping the future of the digital economy.
Miercoles 6 de diciembre
Panelistas:
- Chenai Mukumba, Acting Executive Director and Policy Research and Advocacy Manager at Tax Justice Network Africa (TJNA)
- Suryo Utomo, Directorate General at Taxes Ministry of Finance – Indonesia
Antonio Salvador, Tax and Labor Lawyer, Coordinating Committee Member at Third World Network, Tax and Fiscal Justice Asia - Jane Kelsey, Law Professor Emeritus at University of Auckland, New Zealand
- Vidya Dinker, President and Fiscal Policy Expert, Officer at Indian Social Action Forum (ISAF), Growthwatch India
- Sofia Scasserra, Director Observatorio de Impactos Sociales de IA – UNTREF at Transnational Institute · Teilzeit, Argentina
- Jane Nalunga, Executive Director and Expert on Trade, Tax and Investment at Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI) Uganda.
Descripción
Es ideal que las decisiones comerciales de las empresas de comercio electrónico se tomen en el contexto de un marco legal tributario coherente, administrativamente viable y predecible. La arquitectura fiscal internacional centenaria es totalmente inadecuada para el comercio electrónico, sus cadenas de valor globales y la propiedad intangible. Las jurisdicciones de mercado no pueden gravar las plataformas digitales por falta de establecimiento permanente. Por lo tanto, se necesita una reforma fiscal internacional integral para permitir que el comercio electrónico contribuya al desarrollo, al tiempo que permite a las jurisdicciones compartir equitativamente los ingresos fiscales. Discutiremos la Resolución de la AGNU sobre la Promoción de la Cooperación Fiscal Inclusiva y Efectiva en las Naciones Unidas (A/RES/77/244), BEPS de la OCDE/G20 y el Comité Fiscal de la ONU.
Vidya Dinker
India ha estado lidiando con la regulación de la tributación de servicios digitales desde 2016, implementando el impuesto de igualación que impone un impuesto del 6% a los operadores de comercio electrónico no residentes involucrados en publicidad en línea. A pesar de su introducción, persisten desafíos en la evaluación y recaudación del impuesto, lo que hace necesarias medidas fiscales más estrictas, especialmente con el aumento de transacciones digitales en medio de la pandemia de Covid-19. El mercado digital expandido suscita preocupaciones, ya que ciertas plataformas, como los servicios de juegos y streaming, escapan a una tributación adecuada. El incumplimiento parcial, atribuido a la falta de comprensión y orientación, destaca la necesidad de una educación mejorada y apoyo para una evaluación precisa del impuesto. La discusión subraya el papel fundamental de la sociedad civil y los movimientos populares en abogar por políticas fiscales mejoradas, haciendo hincapié en la responsabilidad de las empresas multinacionales indias (MNC) junto con sus contrapartes extranjeras. La solicitud es por medidas más estrictas, mayor cumplimiento y una participación activa de la sociedad civil para garantizar políticas fiscales efectivas que beneficien a la población.
Jane Nalunga
La arquitectura fiscal internacional actual requiere reformas debido a las normas fiscales ineficaces impuestas por la economía digital, generando preocupaciones y críticas que han creado un sentimiento negativo en torno al tema. La tributación del comercio electrónico, fundamental en varios sectores, ha tenido un impacto perjudicial en la fiscalidad. Se argumenta que las normas comerciales también han contribuido a este impacto negativo al no exigir a los proveedores extranjeros tener presencia local, no requerir que los datos se almacenen en el país de origen y no limitar los pagos de regalías transfronterizos, creando obstáculos para nuevos regímenes fiscales. Como respuesta a estos problemas, se han introducido impuestos a los servicios digitales (DST) como una solución propuesta, y países como Canadá y Nueva Zelanda planean implementarlos, mostrando una postura positiva hacia la búsqueda de una solución común al problema. En conclusión, la reforma de la arquitectura fiscal internacional es necesaria debido a la ineficacia de las normas fiscales actuales en la economía digital, y la implementación de DSTs y estrategias de defensa colectiva son pasos esenciales para abordar los desafíos planteados por la tributación del comercio electrónico.
Moderator – Antonio Salvador
La arquitectura fiscal internacional es ampliamente reconocida como necesitada de reformas para alinearse mejor con el cambiante panorama económico, especialmente en relación con el comercio electrónico. Existe un creciente consenso en que el marco legal actual que rige la tributación internacional está desactualizado, con más de un siglo de antigüedad y sin abordar adecuadamente las complejidades del comercio electrónico. El debate en curso sobre el foro apropiado para estas reformas fiscales involucra procesos competitivos tanto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como en las Naciones Unidas (ONU). El proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) de la OCDE, activo durante casi una década, se ejecuta en paralelo al mandato de la ONU de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) para establecer una convención marco sobre cooperación fiscal internacional, respaldada por 125 países en su mayoría en desarrollo.
Una solución propuesta por la OCDE, conocida como «pilar 1», tiene como objetivo abordar la tributación del comercio electrónico permitiendo que las jurisdicciones del mercado graben plataformas digitales, incluso sin presencia física en esas jurisdicciones. Sin embargo, esta solución se considera insuficiente por parte de los países en desarrollo y los defensores de la justicia fiscal, quienes argumentan que aún eximiría a empresas con activos y ingresos significativos. Los debates en curso incluyen el tema de los moratorios y los aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas, tanto en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como en acuerdos de libre comercio, generando preocupaciones sobre los posibles impactos en los países en desarrollo y sus ingresos. El impulso de reformas fiscales se refuerza con una resolución de la ONU que pide la creación de una convención fiscal de la ONU y un organismo fiscal de la ONU, promovida por el grupo africano y otras naciones africanas para crear un campo de juego más equitativo en la tributación internacional.
Los críticos señalan que el marco inclusivo de la OCDE carece de verdadera inclusividad al no incorporar las voces de los países del sur, generando preocupaciones sobre la representación e inclusión de perspectivas de los países en desarrollo en el proceso de reforma. Además, existen preocupaciones sobre intentos de eximir discusiones sobre la tributación de la economía digital en las Naciones Unidas, con algunas voces argumentando que dichos intentos deben ser vistos con escepticismo. Además, la renovación del moratorio de la OMC sobre los aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas se considera perjudicial para los países en desarrollo, argumentándose que esto podría llevar a pérdidas significativas de ingresos, especialmente cuando se combinan con los esfuerzos de las grandes empresas para obtener tratamientos libres de impuestos tanto en las aduanas como en el impuesto sobre la renta corporativa. En conclusión, hay un creciente consenso sobre la necesidad de reformar la arquitectura fiscal internacional, especialmente en lo que respecta al comercio electrónico. El debate en curso entre la OCDE y la ONU incluye discusiones sobre moratorios y aranceles aduaneros sobre transmisiones electrónicas, mientras que la resolución de la ONU busca crear un campo de juego más equitativo. Los críticos argumentan que el marco inclusivo de la OCDE carece de inclusividad y la renovación del moratorio de la OMC se percibe como perjudicial para los ingresos de los países en desarrollo. Se insta a los países en desarrollo a participar en ambos procesos de la ONU y la OMC para abordar estos problemas.
Chenai Mukumba
El actual sistema tributario global, concebido por potencias coloniales en la década de 1920, está siendo examinado minuciosamente por los países en desarrollo, que sostienen que fue establecido antes de la existencia de muchos de ellos, sin abordar adecuadamente sus intereses y necesidades. Los países en desarrollo, especialmente en África y el Sur Global, abogan por una transformación en las dinámicas de poder y la integración de sus perspectivas en los diálogos tributarios globales. Argumentan que las discusiones sobre la regulación fiscal deberían regresar a las Naciones Unidas, proporcionando una plataforma inclusiva para que todos los países participen y expresen sus inquietudes. Este cambio busca establecer un entorno más equitativo que considere los diversos intereses de las naciones.
Las iniciativas recientes reflejan esta demanda de inclusividad, con países del Sur Global, especialmente en África, expresando la necesidad de un foro integral para las discusiones tributarias. El grupo de África propuso recientemente continuar la conversación sobre la regulación fiscal en las Naciones Unidas, señalando un creciente apoyo a un enfoque más inclusivo y equitativo para la política fiscal. Sin embargo, el Reino Unido, en representación de los países de la UE, se opuso inicialmente a la idea de discutir un convenio marco de la ONU para la regulación fiscal. No obstante, los países del Sur Global votaron en contra de esta oposición, marcando un cambio crucial en las dinámicas de poder. Este desarrollo sugiere una trayectoria transformadora hacia un espacio más equitativo que realmente represente los intereses y necesidades de los países del Sur Global. En conclusión, la crítica continua de los países en desarrollo destaca la necesidad de reevaluar el sistema tributario global, con las naciones africanas y del Sur Global pidiendo una recalibración de las dinámicas de poder y la integración de sus perspectivas en las discusiones tributarias globales. El impulso de trasladar las conversaciones sobre la regulación fiscal a las Naciones Unidas busca un enfoque más inclusivo y equilibrado, con desarrollos recientes señalando un cambio hacia esta dirección transformadora a pesar de la oposición inicial.
Sofia Scasserra
Según el análisis, las compañías digitales a menudo participan en evasión fiscal al establecer sus negocios en paraísos fiscales. Aprovechan este vacío legal al declarar sus actividades económicas como servicios de tecnología de la información o intermediación financiera, evitando así el pago de impuestos. Esta práctica genera una percepción negativa ya que conduce a una pérdida de ingresos fiscales para los gobiernos y agrava la desigualdad de ingresos.
Para abordar este problema, se argumenta que es necesario reformar el sistema de tributación de las compañías digitales. Esta reforma es crucial para garantizar un sistema tributario justo y equitativo. El sistema actual a menudo resulta en que los consumidores soporten la carga de los impuestos a través de precios más altos, en lugar de que las propias compañías lo hagan. Esta percepción se basa en la creencia de que las compañías digitales deben contribuir con su justa parte a la sociedad mediante impuestos.
Además, la expansión de la economía de plataformas digitales en América Latina se percibe como un desarrollo positivo. Se posiciona como un proveedor de servicios inclusivo, llevando servicios a sectores de la población que antes tenían acceso limitado o nulo. Esto se considera un beneficio significativo para la sociedad, ya que promueve el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo de infraestructuras. La economía digital se ve como una vía prometedora para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).
En conclusión, el análisis destaca el problema de la evasión fiscal entre las compañías digitales que operan en paraísos fiscales. Respaldando la argumentación a favor de una reforma fiscal con el objetivo de garantizar un sistema tributario justo y equitativo. La expansión de la economía de plataformas digitales en América Latina se percibe como un desarrollo positivo que puede aportar numerosos beneficios a la sociedad, incluido un mayor acceso a servicios y oportunidades para poblaciones anteriormente marginadas.
