El último Reporte Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), posicionó a Bolivia en el puesto 140 de un total de 194 países. Este informe evalúa las amenazas digitales que enfrentan los países y el nuestro tiene el peor desempeño en Sudamérica.
La Fundación Internet Bolivia viene trabajando en temas de seguridad digital y derechos humanos en línea desde 2018, no obstante la comunidad de activistas necesita de un acercamiento del Gobierno para lograr una mejor posición en este ranking de la UIT.
Entre los mayores riesgos identificados se encuentran el robo de datos y de identidad, la intrusión a sistemas e infraestructuras estratégicas, y las acciones de acoso y discurso de odio en redes sociales. El informe insta a los gobiernos a tomar acciones.
Casi el 50% de los países han formado equipos con capacidad de atención a diferentes tipos de ataques informáticos (CSIRTs). El 64% gobiernos crearon estrategias o políticas nacionales de ciberseguridad y más de 70% han llevado adelante campañas de información y seguridad digital orientadas a la ciudadanía, en especial a poblaciones en una alta situación de vulnerabilidad, como son los niños niñas y adolescentes.
Entre las debilidades de nuestro país, resaltadas por el informe encargado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se encuentra la ausencia de un andamiaje institucional. Bolivia no tiene una estrategia nacional de ciberseguridad y una normativa específica sobre cibercrimen. Tampoco cuenta con legislación sobre protección de datos y/o entidades con un mandato específico en esa materia.
Como fortalezas y posibilidades de mejorar esta situación mencionamos la existencia del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos (CGII), entidad que funciona dentro de la Agencia de Gobierno Electrónico (AGETIC). Aunque su alcance es limitado, pues se orienta sólo al Estado, la iniciativa puede replicarse en otros escenarios. El CGII no tiene competencias de prevención ni de desarrollo de políticas públicas, es una tarea que puede potenciarla.
No obstante, a pesar de esos avances, se ha observado una carencia generalizada: el desarrollo de capacidades y conocimientos en sectores estratégicos dentro y fuera del Estado, así como la existencia específica de legislación de protección de datos.
Las amenazas más recurrentes se ciernen en tres sectores: financiero, salud y energía, los cuales son valiosos por la infraestructura crítica y la información sensible que manejan. Los gobiernos deben empezar a generar más profesionales y expertos/as que puedan ayudar a contravenir los riesgos inminentes en el ámbito digital.
Se requieren acciones coordinadas dentro del Estado que permitan el desarrollo de capacidades, despliegue de campañas de protección a la ciudadanía y sectores estratégicos pensando en precautelar los derechos humanos en la esfera digital.
