La Paz, 7 de febrero de 2025 – Diversas organizaciones de la sociedad civil celebran el reciente proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que propone la incorporación del debate público y obligatorio para candidatas y candidatos a cargos públicos electivos.
En días pasados, el TSE anunció la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que modifica la Ley N° 26, con el objetivo de promover el debate electoral público y obligatorio. Esta iniciativa busca fomentar la reflexión y deliberación sobre las propuestas programáticas de las y los candidatos, fortaleciendo así el ejercicio del derecho al voto de manera informada.
Más de 100 redes, instituciones, colectivos y activistas que suscriben este pronunciamiento consideran que la iniciativa de una ley de debate obligatorio es altamente positiva y se enmarca en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Estos estándares establecen que «el sano debate democrático exige el mayor nivel de circulación de ideas, opiniones e informaciones con relación a candidatos(as), sus aptitudes y capacidades durante el periodo que precede a elecciones». En la misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE – CIDH) afirma que «es necesario que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, para que los electores puedan formar su criterio para votar. El libre discurso y el debate político son esenciales para la consolidación de la vida democrática de las sociedades, por lo cual revisten un interés social imperativo».
Desde hace varios años, la sociedad civil organizada ha desarrollado acciones para exigir más y mejor información en los procesos electorales. Estas acciones incluyen la promoción de espacios democráticos de confrontación ideológica de las y los candidatos, sus programas de gobierno y sus posturas frente a diversas temáticas de interés nacional, especialmente aquellas relacionadas con los derechos humanos de grupos prioritarios. De esta manera, se busca fortalecer el ejercicio del voto informado y profundizar en la democracia.
La sociedad civil considera altamente plausible la iniciativa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Actualmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta el deber crucial de tratar este proyecto de ley y actuar a la altura de los desafíos del sistema democrático boliviano. La incorporación de un marco legal que sustente el debate electoral obligatorio se alinea con las prácticas y estándares implementados en numerosos países del hemisferio y del mundo.
A través del pronunciamiento, los firmantes exhortan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar el mencionado proyecto de ley y otorgar una respuesta oportuna que permita contar con la norma en vigencia dentro de los comicios electorales del mes de agosto de 2025.
A su vez, establecen que de no abordar y hacer efectiva esta iniciativa, se corre el riesgo de que esta importante propuesta quede inútil y estéril, defraudando la expectativa y la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
La posibilidad y oportunidad de dar curso al efectivo ejercicio del derecho al voto informado y un mayor nivel de circulación de ideas e información respecto a las y los candidatos, sus aptitudes, capacidades, opinión y propuestas frente a distintas problemáticas de interés público hoy está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional y cada uno y una de sus asambleístas.
Pronunciamiento Ley Debate Obligatorio
Instituciones firmantes:
ACLO Potosí – ADESPROC Libertad – Alianza Libres Sin Violencia de Oruro – Anguirü Bolivia – Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) – Asociación de Periodistas de Beni – Asociación de Periodistas de Chuquisaca – Asociación de Periodistas de Cochabamba – Asociación de Periodistas de La Paz – Asociación de Periodistas de Oruro – Asociación de Periodistas de Pando – Asociación de Periodistas de Potosí – Asociación de Periodistas de Santa Cruz – Asociación de Periodistas de Tarija – Asociación de Promotores de Salud del Área Rural (APROSAR) – Asociación Derechos en Acción – Asociación Humanista de Diversidades Sexuales «Amigos sin Fronteras» El Alto – Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) – Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) – Bolivia Verifica – Brújula medio digital – Casa de la Mujer – Casa Trans Cochabamba – Católicas por el Derecho a decidir Bolivia – Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) – Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza – Centro Juana Azurduy – CIES Salud Sexual, Salud Reproductiva – Colectivo CIBERWARMIS – Colectivo de Derechos Humanos EMPODÉRATE – Colectivo Eco Feminista SALVAGINAS – Colectivo GLBT del Sur – Colectivo PLAMETA – Colectivo Plurales – Colectivo TLGB del Departamento de La Paz – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Bolivia) – Comunidad de Derechos Humanos (CDH) – Construyendo Redes para el Desarrollo – COOMUJER Beni – Coordinadora de la Mujer – Coordinadora LGBTIQ+ Cochabamba – Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL) – Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) – Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí – Foro Político Departamental de Mujeres Cochabamba – Fundación CONSTRUIR – Fundación de Desarrollo y Servicio Integral (FUNDESI) – Fundación Esperanza Desarrollo y Dignidad (FEDDIG) – Fundación Integral para la Juventud (FIJ) – Fundación Internet Bolivia – Fundación IRFA Instituto Radiofónico Fe y Alegría – Fundación IVI MARAEI – Fundación JUBILEO – Fundación Kallpa – Fundación Machaca Amawta – Fundación Microjusticia Bolivia – Fundación Mujeres en Comunidad – Fundación ÑAÑOPE – Fundación para el Periodismo – Fundación UNIR – Grupo de Trabajo en Masculinidades de Cochabamba (GTM Cochabamba) – IGUAL Bolivia – Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) – La Guardiana medio digital – Laboratorio de Tecnologías Sociales (LAB TECNOSOCIAL) – Movimiento Trans Feminista de Bolivia – Mujeres en Acción – Observatorio Ciudadano de la Democracia (OCD) – Oficina Jurídica para la Mujer – ONG Realidades – Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK) – Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos – Programa de Coordinación en Salud Integral (Red PROCOSI) – Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (RELIDD Oruro) – Red Nacional de Promotoras Comunitarias de Prevención de la Violencia en Razón de Género – Ruta de la Democracia – Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Yo Activista
Personas defensoras de derechos humanos:
Mayra Daza Montaño – Rosa Talavera Simoni – Juan Carlos Fuertes Mamani – Wilmer Galarza Mendoza – Erika Camacho Guzmán – Ana María De la Fuente – Marco Antonio Mendoza – Ninoska Flores Loza – Hugo Eduardo Maraz – Romy Durán Sandóval – María Elena Querejazu – Cristofer Quiller Flores – Natalia Peres – Juan Carlos Balderas – Raúl Peñaranda – Franco Alejandro Albarracín Vallejos – Juan Carlos Gutiérrez – Sergio Ardaya Ríos – María Antonieta Alcón Sánchez.
